A las 5.50 del miércoles las campanas de la iglesia de Amilcingo tocaron tragedia. En un día normal, Samir Flores, un activista de 35 años, habría llegado ya desayunado a la radio comunitaria de este pueblo en el Estado de Morelos (centro de México) para encender el micrófono. Faltaban diez minutos para que las ondas transmitieran su saludo: “¿Qué tal? Buenos días a toda la gente que nos sintoniza, a la gente que se va a sembrar, a la que está preparando sus tortillas”, acostumbraba a decir. Pero el miércoles la voz de Flores fue suplida por la de un compañero que anunció que el locutor había sido asesinado.

Tres días después, Amilcingo ha pasado del llanto a la rabia. La muerte de Flores, un icono en la región por su activismo en contra de una central termoeléctrica, ha convertido a este pueblo en el centro de la oposición al referéndum que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha convocado para este fin de semana sobre la puesta en marcha de la planta. “¡Obrador prometió que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!”, coreaban el jueves cientos de personas durante el funeral.

Organizaciones como el Congreso Nacional Indígena y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua (FPDTA), del que formaba parte Flores, han llamado al boicot de la consulta y pedido a López Obrador que la cancele. El mandatario, que ha pasado de oponerse a la termoeléctrica a apoyarla tras llegar al poder, ha insistido en que la votación se llevará a cabo como previsto, aunque este sábado ha habido enfrentamientos entre opositores y autoridades por las casillas de votación. “Esta consulta se está imponiendo con engaños y con sangre”, dice Samantha César Vargas, integrante del FPDTA. “Simplemente por el dolor tendrían que haberla suspendido. Seguir con la convocatoria está generando mucho más enojo”.

Este enojo viene de largo y tiene raíces políticas y medioambientales. Las calles del pueblo están llenas de pintas de partidos políticos para campañas electorales anteriores, y de mensajes zapatistas que piden defender la tierra y reclaman una democracia asamblearia sin partidos. La construcción de la termoeléctrica, finalizada en 2017, ha ahondado las divisiones en un pueblo agrícola que cada vez dispone de menos agua para regar sus tierras.

En 2012, la comunidad votó en contra de que un gasoducto cruzara por sus tierras. La tubería iba a llevar gas natural desde el Estado de Tlaxcala, a más de 100 kilómetros de distancia, hasta la central termoeléctrica, cuya producción busca cubrir el 80% de las necesidades energéticas de Morelos. Diversos expertos consideraron que la inversión, de unos 1.600 millones de dólares, ignoraba el peligro sísmico de la zona, situada a poco kilómetros del volcán Popocatépetl. También alertaron sobre la gran cantidad de agua que la central necesita para funcionar en una región con recursos hídricos limitados.

Pese a la oposición de la mayoría, Humberto Sandoval, un líder sindical que está considerado el cacique de la zona, convenció a los representantes agrícolas para que aceptaran el proyecto sin necesidad de someterlo a la Asamblea local. El apoyo financiero de la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue clave, según los vecinos. El actual representante de los campesinos, Mario Santos, explica que las autoridades fueron casa por casa para convencer a los dueños de las tierras. “Les decían: ‘nos lo vendes o te lo expropiamos’. Los campesinos pensaron ‘si me lo van a quitar, mejor que me paguen”, recuerda. Santos dibuja sobre una hoja de papel el recorrido del gasoducto que se acabó construyendo: la tubería traza una U alrededor de Amilcingo.

La decisión partió al pueblo en dos: los de arriba y los de abajo, la mayoría y la minoría, la Asamblea local y “los de Humberto Sandoval”. Dos mitades que todavía no se hablan entre ellas. Flores, a quien sus amigos de juventud describen como un “orador nato”, se convirtió en uno de los líderes de la oposición al gasoducto. Herrero de profesión, venía de una familia de activistas. Su tío, Vinh Flores, fue un líder campesino asesinado a finales de los años 70. “Desde pequeños nos dan de comer el maíz y el frijol que cultivamos. ¿Cómo no va a defender un campesino su tierra?”, dice Marta Aragón, vecina del pueblo.

Flores empezó con una ‘radio bocina’, un altavoz ambulante que iba desplazando de azotea en azotea. Ponía canciones de protesta y leía las noticias que publicaban los periódicos locales. Al poco tiempo, fundó la radio comunitaria en un local donde cuelgan fotos del líder campesino Emiliano Zapata, un sable y otros obsequios. “Nos quejábamos de que las autoridades municipales no nos informaban. Nos decían: ‘se va a hacer esto y ya”, recuerda María, de 25 años, una compañera de la radio comunitaria que prefiere no revelar su verdadero nombre. “Nosotros queríamos una radio que sirviera de herramienta de lucha”. Desde allí, Flores denunció la existencia de un «grupo de choque», supuestamente creado para amedrentar a los opositores a la termoeléctrica.

Una hipótesis dudosa

Tras el anuncio de la consulta hace dos semanas, Flores, quien ya había sido amenazado, intensificó sus denuncias contra la termoeléctrica y el gasoducto frente a los micrófonos. Consideraba estos proyectos un peligro para las comunidades y una imposición. El Gobierno de López Obrador convocó la consulta para corregir esa impresión. El día antes de su asesinato, Flores expuso sus ideas en una de las asambleas informativas que la Administración federal ha organizado en vísperas de la votación para convencer a la población de las ventajas de la planta. Fue su último acto de protesta.

Poco después de la 5.00 del miércoles, dos hombres se acercaron a la casa de Samir Flores, según fuentes cercanas a la familia. Su madre fue a abrir la puerta y ellos le dijeron que buscaban a Flores para comprar un spot publicitario en la radio comunitaria. El activista se estaba despertando en ese momento. Al acudir a la llamada, le dispararon cuatro balazos, dos de ellos en la cabeza, a unos veinte metros de la entrada de su casa. Algunos testimonios aseguran haber visto dos coches abandonando el lugar a toda prisa.

Las razones de su muerte no han sido esclarecidas. Las autoridades federales, estatales y locales han cerrado filas con el presidente para celebrar la consulta; la fiscalía de Morelos insiste en que el crimen nada tiene que ver con su activismo y lo vincula al crimen organizado. Varios medios han escrito sobre la existencia de una nota, supuestamente encontrada junto al cadáver, en la que el grupo criminal Comando Tlahuica se atribuye el asesinato.

Sin embargo, personas consultadas por este periódico, que estaban presentes en la escena del crimen pocos minutos después del homicidio, niegan haber visto tal nota. Tampoco dicen conocer al Comando Tlahuica, una nueva banda que saltó a las páginas de los periódicos locales en diciembre con el secuestro y posterior asesinato de una mujer en los alrededores de Amilcingo. Los allegados de Flores aseguran que el activista no habló de este grupo en su programa de radio. “Es una invención para presentarlo como un asesinato del crimen organizado”, subraya Samantha César Vargas. “Quieren desvirtuar la lucha de Samir”, coincide María, la locutora de la radio comunitaria. “¿Por qué iban a asesinarlo dos días antes de la consulta?”.

Camino al cementerio, el cortejo fúnebre de Samir Flores se detuvo unos instantes frente al local de la radio. Otro compañero había retomado el micrófono para despedirlo. Las mujeres llevaban ramos de flores traídas de las faldas del volcán Popocatépetl y algunos muros ya lucían un nuevo grito en pintura fresca: “¡Samir vive, la lucha sigue!”