A plena luz del día. Frente a su familia. A unas calles del palacio de Gobierno de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. El periodista Carlos Domínguez fue apuñalado 24 veces después de llevar a sus nietos al zoológico el 13 de enero de 2018. Las autoridades reconocieron que fue un ataque directo y en directa relación con su labor periodística. El columnista había incomodado a alguien y lo pagó con su vida. A un año del asesinato, su familia clama justicia en un país donde se mató a otros ocho periodistas en los siguientes 12 meses, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras (RSF), y donde la impunidad en los crímenes contra los miembros de la prensa supera el 99% de los casos, de acuerdo con la organización Artículo 19.

«Horrible». Así resume Carlos Domínguez, homónimo y uno de los 11 hijos del periodista asesinado, cómo han sido los últimos meses. «Nos hace falta el viejo», dice con resignación. La muerte de su padre entraña un dolor personal, familiar, íntimo. Es también un reflejo de la violencia que ha azotado al norteño Estado de Tamaulipas en los últimos 15 años, atrapado en la lógica de la guerra contra el narcotráfico, gobernado por exmandatarios que enfrentan procesos legales en Estados Unidos y asediado constantemente por el embate del cártel de Los Zetas.

«Tamaulipas es una zona silenciada», afirma Balbina Flores, representante en México de RSF. No muchos medios informaron de la muerte de Domínguez, la frontera está muy lejos de Ciudad de México y muy lejos de los mecanismos de protección a periodistas, explica Flores. Desde 2000, 14 periodistas tamaulipecos han sido asesinados, según datos oficiales. Dos comunicadores están desparecidos, de acuerdo con RSF. Amenazados y tiroteados como Saúl Antonio Martínez, con señas de tortura como Francisco Arratia, abatidos a golpes como Héctor González.

«En Tamaulipas estamos atravesando una crisis que no es humanitaria, sino a causa del Estado», advierte Gildo Garza, director de la asociación de Periodistas Desplazados en México. En los seis meses que siguieron del asesinato de Domínguez, en plena campaña electoral, dos de cada tres ataques contra la prensa mexicana fueron perpetrados por funcionarios del Gobierno o miembros de los partidos políticos, de acuerdo con la red de organizaciones Rompe el miedo.

Domínguez asegura que su padre fue asesinado después de indagar en las cuentas públicas del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas, y encontrar desvíos por 600 millones de pesos. La investigación iba a ver la luz el 17 de enero, cuatro días después de que lo mataron. Canturosas, que se perfilaba como candidato de Morena en las elecciones de julio pasado, dijo que era víctima de una persecución política para sacarlo de la campaña. «Eso es una mentira, una calumnia, una difamación», ha dicho a mediados de mes el político en una entrevista al periodista Luis Cárdenas. No se han presentado cargos formales contra el exalcalde, aunque meses después la Auditoría Superior del Estado dio a conocer que investigaba supuestos desvíos durante su Administración. Son acusaciones que él niega categóricamente.

El hijo del periodista publicó la investigación en abril pasado y solicitó asilo en Estados Unidos después de recibir amenazas de muerte. «Me fui porque si ya habían matado a mi padre, ¿por qué no me iban a matar a mí?», cuenta. Del otro lado de la frontera, se sentía como en una cárcel, huyendo de los asesinos de su padre, recuerda. En Estados Unidos acudió a las oficinas de políticos como el congresista demócrata Adam Schiff y el senador republicano Marco Rubio para pedir ayuda. «Nuestro deber es sacar a la luz estos ataques y exigir al Gobierno mexicano que protega a los periodistas», dijo Schiff tras el encuentro en mayo.

Dos meses antes de la reunión y tras analizar 120 notas publicadas por Domínguez, la Procuraduría (ahora Fiscalía) General de la República anunció la detención de seis probables responsables, entre ellos tres periodistas y el tío del exalcalde Canturosas. No se ha avanzado, sin embargo, en llevar frente a la justicia a los autores intelectuales. Y el caso se ha empantanado desde entonces. Sin mecanismos de protección a víctimas, sin acceso al expediente de su padre, sin castigo para los perpetradores. «Toda la familia está muy dañada emocionalmente, no nos sentimos seguros porque no hemos recibido protección ni ningún apoyo de las autoridades», acusa Domínguez: «Estamos completamente expuestos».

Tres meses después de regresar a México, frente a un grupo de periodistas reunidos en la Biblioteca Javier Valdez, en honor a otro periodista en México, Domínguez exhorta al nuevo Gobierno a hacer una reivindicación política sobre la memoria de su padre y a hacer justicia. En uno de los países más peligrosos para hacer periodismo y con índices de impunidad que superan el 90% en la mayoría de los Estados, la familia de Carlos Domínguez espera no ser otro caso más de un periodista asesinado en México. Una semana después del primer aniversario luctuoso del primero que mataron en 2018, la violencia se ha cebado con la vida de otro periodista: Rafael Murúa fue hallado muerto en Baja California Sur, el pasado 20 de enero de 2019.