El Consejo de la Judicatura (CJ) solicita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asigne los recursos necesarios para la adquisición de las licencias de programas para el desarrollo de las videoaudiencias en la Función Judicial.

El CJ señala que la situación es apremiante para el CJ que tiene un sistema de video conferencia que data de aproximadamente 15 años y dispone solamente de 120 licencias contratadas (propias).

El CJ informa que ha hecho esfuerzos a fin de obtener licencias por un tiempo de prueba, que concluye el próximo 15 de agosto, fecha hasta la cual se pueden utilizar las mencionadas licencias para realizar las audiencias telemáticas.

En todo el país existen alrededor de 2000 juezas y jueces, quienes realizan audiencias todos los días. Por ejemplo, solo durante la pandemia por el COVID-19, del 16 de marzo al 24 de julio de 2020, se realizaron 60.152 audiencias, de estas 27.511 fueron telemáticas y 32.641 presenciales.

Pese control y optimización de los recursos en las diferentes áreas operativas del CJ, los recursos se han reducido debido a los constantes recortes presupuestarios por parte del MEF, que, durante el presente ejercicio fiscal, ascienden a US$ 6´038.868,28, con impacto directo sobre la operatividad y la eficiencia de la prestación de los servicios de justicia.

El último recorte por parte del MEF al presupuesto operativo de la Función Judicial se realizó el 1 de julio de 2020, con las Certificaciones de Retiro No. 319 y No. 320, por un monto de US$ 1´207.742,00; valores que estaban asignados a actividades de contratación emergente como el proceso de adquisición de licencias para la plataforma ZOOM y la plataforma Polycom, necesarias para realizar las videoaudiencias. El valor estimado para este servicio se calcula en US$ 246,489.04.

La certificación No. 320 planteada por el MEF mantiene US$ 752.284 en estado “reservado”, impidiendo al CJ utilizar dichos recursos para mantener el servicio de videoaudiencias a nivel nacional. El CJ solicita al MEF libere el comprobante No. 320.

El CJ alerta a la ciudadanía y al país que, si no se entregan recursos mínimos necesarios, los servicios de justicia se verán seriamente afectados y por ende la tutela judicial efectiva de los derechos de las y los ciudadanos.