La Asociación Nacional de Libros de Enseñanza (ANELE) ha denunciado los «mecanismos bastardos» que usan las comunidades autónomas para que los libros de texto «digan lo que ellos quieren yno lo que la ciencia dice», así como una normativa «desaforada» que obliga a poner en el mercado 51.528 títulos entre los dedicados a los manuales (11.381), los cuadernos de trabajo, los libros para el profesor y los materiales complementarios. Así lo ha asegurado este jueves en Madrid Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España(FGEE), al presentar el informe sobre el libro educativo en España para el curso 2019-2020, en el que el precio de los manuales aumentará un 1 % de media.

Ávila ha criticado «el nulo respeto a la libertad de cátedra» que ejercen los consejeros de «todas las autonomías» para lograr sus propósitos y conseguir que de los libros de texto «desaparezcan los ríos, como en el caso de Canarias». Que el conde de Barcelona Wilfredo el Velloso sea «Wilfredo el Piloso pero no se hable de los Reyes Católicos» (Cataluña), que no se cite a la corona catalanoaragonesa y que «no figura en ningún texto de la Edad Media porque no existe».

Preguntado el Ministerio de Educación y Formación Profesional por estas declaraciones, precisa por escrito: “En España, al igual que sucede en casi todos los países europeos, no existe un sistema de autorización previa de los libros de texto por parte de la administración educativa [el ministerio]. Es responsabilidad de los autores y editores adaptarse al rigor científico necesario y al currículo de cada comunidad autónoma». E insiste en que es » normal que los editores mantengan relaciones y conversaciones con los agentes de la comunidad educativa y con las administraciones autonómicas», pero que en último término «son los responsables de la calidad y adecuación de los materiales producidos». Educación recuerda, además, que son las inspecciones educativas de las comunidades las responsables de la supervisión de los manuales, aunque el ministerio «siempre mantiene una actitud atenta a los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en nuestros centros educativos”.

Además, Ávila ha criticado que la Comunidad Valenciana pretendiera en su día sancionar a un director de la RAE (Fernando Lázaro Carreter) por decir en un libro de lengua que el valenciano era un dialecto del catalán y ha subrayado que el «surrealismo» alcanza también a los libros de Formación Profesional, donde la discrepancia se centró en la «explicación del funcionamiento de una caja de cambios» (Castilla-La Mancha). Y denuncian que estas presiones se unen a la elaboración de 450 normas autonómicas en los tres últimos años que «amplían las diferencias territoriales entre los alumnos» y dan lugar a 51.528 títulos (33.222 en soporte papel en todas las lenguas oficiales y 18.308 en formato digital).

Pacto por un currículo homogéneo

Por ello el presidente de ANELE, José Moyano, reclama un pacto por un currículo homogéneo de «sentido común» y recuerda que las editoriales han de cumplir en cada comunidad a la hora de elaborar los materiales educativos la normativa vigente que «debería fundamentarse en el saber

científico y el respeto». Además, Moyano ha revelado que en algunas comunidades «hay que pasar el filtro de control de adaptación curricular para acceder a los modelos de ayuda».

Se ha referido Moyano a las diferencias existentes en una materia «tan neutra» como Ciencias Naturales y se ha preguntado por qué la alimentación saludable está en el currículo de Murcia y no en el de La Rioja o por qué en unos sitios unos conceptos tienen que estar en la unidad 2 y en otros en la 6 o incluso darse en distinto curso».

Tanto Moyano como Ávila han asegurado que la falta de un pacto educativo «acrecienta la brecha de desigualdad de los alumnos entre comunidades», reflejada también en las políticas de dotación de recursos a los centros y a las ayudas para la adquisición de material escolar, que reciben un 54% de los alumnos.

Con un gasto medio por alumno de 98,10 euros en el período 2018-209, ANELE destaca que la inversión por estudiante para la adquisición de material este curso oscila entre los 108 euros de Andalucía, que tiene un sistema de préstamos universal, a los 5,74 de Cataluña, que aplica ayudas directas a familias vulnerables. En este sentido, ha subrayado que el sistema de ayudas influye también en la renovación y actualización de los recursos educativos, que la mayoría de comunidades dejan manos de los centros.