El juez ha acordado este viernes mantener al PP sentado en el banquillo por el borrado de los ordenadores en los que el extesorero popular Luis Bárcenas dijo que guardaba información sobre la caja b del partido. A pesar de que la Fiscalía había pedido exculpar a la formación, finalmente ha acordado retrasar hasta la sentencia la resolución de esta cuestión, algo que no altera la situación con la que el PP ha entrado en la sala en la primera sesión de la vista oral. Hasta el momento —la vista todavía no ha terminado—, también se ha acordado que el extesorero del PP acuda a declarar como testigo en persona y no por videoconferencia, tal y como había solicitado.

El borrado de los ordenadores mantiene en el banquillo de los acusados al partido y a tres de sus empleados, acusados de delitos de daños informáticos y encubrimiento. El Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid ha dado inicio a la vista oral con las cuestiones previas de un caso que ha superado en cinco años numerosos escollos: la causa se archivó, se reabrió y llegó a desaparecer todo el sumario, que fue reconstruido con ayuda de las acusaciones populares. La sesión arrancó a las 10.26 con tres cuartos de hora de retraso.

Las acusaciones populares encabezadas por Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), han mantenido la causa en solitario frente a la posición contraria de la Fiscalía de Madrid. El ministerio público reclama la absolución al estimar que no ha quedado acreditado qué información contenían los ordenadores ni que fuera «relevante» para los hechos que se investigaban. El propio Bárcenas retiró su acusación.

En la sesión de este viernes, el juez Eduardo Muñoz de Baena también ha rechazado la petición de IU de que se facilite a los medios de comunicación señal institucional de televisión de la última sesión del juicio, la de exposición de conclusiones. El juez ya había decidido no facilitar esta señal para evitar «una exposición pública desproporcionada» de los tres acusados junto al PP. Este viernes lo ha reiterado.

Los acusados son la extesorera del partido Carmen Navarro; el que fuera responsable de los servicios jurídicos Alberto Durán y José Manuel Moreno, que ocupaba el puesto de director del sistema de informática. Los tres están acusados de daños informáticos —por haber borrado sin autorización archivos ajenos— y de encubrimiento.

El PP, que al ser persona jurídica sólo está acusado del primer delito, ha pedido de nuevo archivar la causa en aplicación de la doctrina Botín, ya que solo pervive la acusación popular y esgrime que se trata de un delito de «carácter privado». La jueza de instrucción ya rechazó el argumento al considerar que no se trata de un delito de naturaleza estrictamente privada, pues supuestamente se impidió realizar una diligencia relevante «en una causa criminal de indudable trascendencia», la abierta en la Audiencia Nacional por la presunta contabilidad opaca del PP.

Bárcenas, condenado a 33 años por el caso Gürtel, finalmente declarará presencialmente en la causa. El extesorero está citado como testigo el día 20, al igual que su cuñado y exjefe de seguridad del PP, Antonio de la Fuente, y su secretaria durante casi dos décadas, Estrella Domínguez. Ese mismo día declarará también como testigo la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Fue ella quien reveló en 2013 ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que los ordenadores que había usado Bárcenas seguían en la sede de la calle Génova. Pero cuando Ruz los pidió para cotejar sus archivos con los que había aportado el extesorero en una memoria USB se vio que estaban vacíos; el más viejo, un Toshiba, no tenía ni disco duro y el del más nuevo, un Apple, había sido formateado, según el PP, en aplicación de la Ley de Protección de Datos.