El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, formuló cargos contra la asambleísta por Manabí, Karina Arteaga, por su presunta participación en el delito de concusión.

El juez nacional David Jacho dictó arresto domiciliario, vigilancia policial permanente y uso de dispositivo de vigilancia electrónico, como medidas cautelares. Además, señaló el inicio de la instrucción fiscal de 90 días.

Durante su intervención, el fiscal Wilson Toainga señaló que la Institución inició la investigación luego de recibir la denuncia de excolaboradores de la Asambleísta, en la que se informa sobre la exigencia de valores por parte de la legisladora, conducta que se adecúa a la infracción tipificada en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La investigación determinó la presunta existencia del delito y que la procesada -en su calidad de asambleísta, abusando de su cargo y a través de terceros- habría exigido la entrega de aportaciones no debidas a sus subordinados y a personas particulares, a cambio de plazas de trabajo.

También que, en algunos casos, habría solicitado hasta el 90% del sueldo percibido por sus colaboradores, que eran entregados a su cónyuge o a sus asistentes personales.

Los denunciantes aseguran que el dinero era pedido como aportaciones para el movimiento político al cual ella pertenece; sin embargo, en ocasiones habría sido para el pago de bienes y gastos personales, y de sus familiares.

Acogiendo el pedido de Fiscalía, que presentó 46 elementos de convicción para sustentar la formulación de cargos, el magistrado dispuso el congelamiento de fondos que la procesada tenga en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles por 45.000 dólares, para cumplir con una posible reparación a las víctimas.

El magistrado señaló que “dada la situación de emergencia sanitaria, y únicamente por este contexto”, no se acoge el pedido de Fiscalía, que había solicitado la medida cautelar de prisión preventiva.

Previo a convocar a la audiencia de formulación de cargos, el juez Jacho solicitó al pleno de la Asamblea que se levante la inmunidad, luego de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitara que se fije fecha para formular cargos contra la legisladora.

El delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del COIP, es sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.