Consuelo Velázquez no estudió ciencias forenses, pero esta esposa desesperada por encontrar a su marido llegó a la conclusión más obvia: alguien tenía que ponerle nombre a esos muertos amontonados en cámaras frigoríficas. Y decidió, sin saber lo que era, crear un banco de datos —artesanal— de cadáveres. «SF 296/18 [número del cuerpo]. Masculino. Mordedura de borde a borde. Desgaste general de dientes. Estatura 1,77. Amputada mano izquierda. SF 297/18. Tatuaje en tórax superior: Ramírez Díaz. Tatuaje en hombro izquierdo: tortuga azul». Solo tenía un bloc de notas, un bolígrafo y cientos de fotografías de restos humanos en frente. Desde que su marido desapareció supo que su misión en la vida iba más allá de buscarlo.

La difusión en redes sociales y grupos de familias de desaparecidos en Whatsapp de esos apuntes recabados el verano pasado en la morgue de Guadalajara (Jalisco) hizo que nueve familias encontraran a sus desaparecidos, de 47 que revisaron. «Nos dimos cuenta de que con nuestros propios medios, limitados, podíamos encontrar personas. ¿Por qué el Gobierno, que tiene los recursos, el dinero, no trabaja como debe ser?», cuenta indignada a este diario vía telefónica.

El Gobierno de López Obrador ha puesto en marcha esta semana un programa para esclarecer la desaparición de 40.000 personas e identificar unos 26.000 cuerpos aparecidos en 1.100 fosas clandestinas durante los años de la guerra contra el crimen organizado. Entre las medidas anunciadas está la creación de un Instituto Nacional Forense que centralice gran parte de la carga de trabajo que hasta ahora recae sobre los Estados.

El principal reto que asume este nuevo Gobierno es esclarecer la identidad de los cuerpos que ya ha encontrado. México es un país con decenas de miles de cadáveres amontonados en institutos forenses y decenas de miles de familias destrozadas. Muchas de ellas peregrinan por los diferentes Estados buscando, instancia por instancia, a su familiar. Pese a la escalada histórica de violencia en el último año —con más de 90 homicidios al día, más grave que en los peores años de la guerra contra el narco— que ha colapsado las instituciones forenses y los equipos de investigación de las fiscalías, no existe todavía ninguna base de datos nacional que registre las pruebas genéticas de los miles de cuerpos encontrados sin nombre en las 32 entidades. La consulta solo puede hacerse a nivel estatal.

Uno de los principales problemas que ha obstaculizado la identificación de los cuerpos es que hace falta unificar los criterios entre los diversos órganos ministeriales. «Ni siquiera los datos biométricos registrados en cada dependencia están homologados entre sí», explica la exdirectora del Laboratorio de Genética Forense de la PGR, Martha Acela. «La Policía Federal registra 16 marcadores [de análisis genético] y otras instituciones, 24. Necesitamos un estándar para que unos y otros puedan trabajar juntos y además para estar homologados con otros países», detalla. «La creación de una base de datos nacional no resuelve en sí misma la identificación de los cuerpos. Es necesario que se garantice primero que el registro de los datos se hará correctamente, con un mismo protocolo», añade Acela.

La idea de crear una base de datos a nivel nacional la tuvo la Cruz Roja en 2015. Pero desde hace cuatro años, solo 15 entidades del país se habían unido a la iniciativa. Según explica desde el Gobierno el director de políticas y estrategia en derechos humanos, Félix Santana, la misión de este nuevo Ejecutivo es imponer por decreto esta nueva medida a partir de marzo. «Hay una enorme deuda de al menos 50 años con los desaparecidos de mi país. Si institucionalmente se hubiera atendido desde la Guerra Sucia [represión política desde 1964 hasta 1.982], habríamos tenido en estos momentos mayores capacidades institucionales desde las entidades. Pero nunca se les dio atención», explica Santana en una entrevista a este diario. «Es desgraciadamente muy mexicano que en un Estado que no está en guerra tengamos este nivel de crisis», apunta el director.

La creación del Instituto Forense Nacional incluye la homologación de criterios para recabar los datos, pero también mejorar la coordinación entre los Estados. «Ahora mismo hay algunos Semefos [institutos forenses] que dependen de las fiscalías locales; otros, de las secretarías de salud estatales; y otros del poder judicial. Este nuevo Instituto busca también que se homologuen institucionalmente, que dependan todos de la Secretaría de Gobernación [Interior]», anuncia Santana. Además de la centralización del poder en el Gobierno federal, el objetivo es «estandarizar la obtención de datos con un mismo protocolo y que permita cruzar las muestras de ADN obtenidas en los diferentes Estados con el resto del país, que todas las bases se intercomuniquen», señala el director.

Cuando Consuelo iba a la morgue de Guadalajara, en cada uno de esos cadáveres (tiro de gracia, torturado, esposado, decapitado) veía a su marido, Rogelio Ruiz, desaparecido el 23 de noviembre de 2015 con 47 años. «Lo primero que te encuentras al entrar es con un olor putrefacto, yo ya me he acostumbrado, pero muchas familias todavía no», recuerda. Después de varios meses de acudir al forense como quien acude a un trabajo, las secretarias del organismo le permitieron acceder a un ordenador que generalmente no ven las familias. Ahí hay cientos de fotografías de cuerpos nuevos que encontraron en una fosa o en un canal o entre la basura. Y como muchas mujeres como ella no podían permitirse tomar un día entero revisando imágenes, decidieron turnarse y tomar nota de todo lo que veían. «¿Imagínese si existiera algo así para todo el país? Nos ahorraría tanto sufrimiento…», cuenta por teléfono a este diario.

El Gobierno mexicano contempla la creación de este registro nacional de cuerpos con sus datos biométricos. La realidad de cientos de dependencias públicas es que hasta ahora eran incapaces de organizarse con otros Estados e incluso con dependencias de la misma entidad. Fueron miles de familias las que tuvieron que acudir a dejar sus muestras de ADN en las entidades donde pudieron haber encontrado el cadáver de su familiar. Muchos, renunciando a sus trabajos para cruzar el país cada semana, vendiendo su casa y sobreviviendo de sus ahorros para realizar un trabajo que nunca debieron hacer (según la ley), pero que ninguna institución les garantizó que haría por ellos. Con esta nueva medida, se pretende acabar con esta práctica.

Rosa Hilda Cisneros se ha recorrido el país buscando a su hija, Dulce Yamelí González, desaparecida el 12 de mayo de 2012, cuando tenía 21 años. Desde San Fernando, Tamaulipas, uno de los núcleos de las peores matanzas del crimen organizado, esta mujer «chaparrita», de 55 años, cuenta que se ha tenido que hacer experta a la fuerza en antropología, perito forense, criminalística y hasta dentista. «Todo ello en el fuero común y en el federal», agrega. Su vida desde hace siete años consiste en patear montes y rastrear fosas buscando restos humanos que la lleven a Dulce, pero también, en dejar su material genético en cada Estado donde sospecha que pudieron arrojar a su niña asesinada. «Yo me he hecho más de nueve pruebas de ADN, en Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, San Luis Potosí y en la Ciudad de México. En algunas he tenido que hacerlo varias veces porque me decían que habían perdido mi muestra, ¡fíjese la seriedad!, y le puedo asegurar que si ahora voy a ver en los Semefos [morgues] me doy cuenta de que tampoco las tienen. Así es de indignante esto». «Lo que nosotros aspiramos es que, una vez teniendo un solo banco nacional de datos, las familias den una muestra en un punto y se comparta a nivel nacional. Con una será suficiente», agrega Santana.