No son 19, ni 22, ni 25. Son más de 40. Desde febrero, grupos de hombres armados han asaltado al menos dos autobuses de ruta en Tamaulipas, en el noreste de México, llevándose a parte del pasaje, aparentemente todos migrantes, todos varones. Al caso del jueves pasado, el primero que salió a la luz, el Gobierno ha sumado este martes uno nuevo, ocurrido en febrero. Según ha explicado el Ejecutivo, el modus operandi en ambos casos ha sido parecido. El grupo criminal intercepta el autobús en la carretera, lo obliga a parar, se lleva a un grupo de pasajeros y se marcha. Sin violencia, sin resistencia por parte de los que se llevan.

Este último detalle, la presunta docilidad de los migrantes, alimenta la principal teoría de los investigadores. Sin descartar la hipótesis del secuestro, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, ha informado este martes de que podría tratarse de un arreglo de los migrantes con los criminales con el objetivo de cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. «Es una de las principales hipótesis», ha dicho Durazo.

Sea una cosa o la otra, llama la atención la osadía de un grupo de criminales, capaces de asaltar autobuses de ruta en plena carretera, subirse a los vehículos y bajar a los pasajeros. Mauricio Farah, que ha investigado el secuestro de migrantes durante años en México, dice: «Al final se trata de un acto delincuencial: secuestro o tráfico de personas. Lo que muestra este caso es la indefensión de los migrantes en nuestro territorio».

Farah fue investigador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta hace unos años. Coordinó una informe sobre secuestro de migrantes que abarcó el periodo que va de septiembre de 2008 a febrero de 2009. Los números son brutales. Solo en esos seis meses, recuerda, documentaron el secuestro de al menos 9.758 migrantes. «En el flujo migratorio la delincuencia está implicada desde hace años. A veces captan a los migrantes en la frontera sur, primero como polleros [meros traficantes de personas] y luego los secuestran; o les secuestran directamente y los conducen al norte; otras veces he visto que la propia autoridad se los entrega a los grupos criminales…»

En el recuerdo de muchos aparece estos días la masacre de San Fernando. En 2010, delincuentes secuestraron y asesinaron a 72 migrantes, la mayoría centroamericanos, en el municipio de San Fernando, justo el punto de partida de los que desaparecieron el jueves. El descubrimiento de los cadáveres ocurrió gracias a uno de los migrantes, que logró escapar del rancho donde mataron a los demás. El de San Fernando fue un caso parteaguas, uno de esos momentos de quiebre, un punto de inflexión. Las cosas, a partir de entonces, tenían que cambiar. La abogada Ana Lorena Delgadillo, que representa a una decena de las familias de los 72, dice que en realidad no han cambiado tanto. «Nos parece que hemos arrastrado una historia de impunidad en este tipo de casos. Y la impunidad permite que esto siga ocurriendo». Respecto a los casos concretos de estos meses, dice que aún se conocen pocos datos y que habrá que esperar.

La noticia de los secuestros llegó el lunes a los medios por una filtración de la investigación. Primero se supo del caso del jueves pasado. Un comando armado interceptó un autobús que cubría la ruta San Fernando – Reynosa. Obligaron al conductor a parar, subieron, bajaron a un grupo de migrantes y se fueron. La comunicación de las novedades ha sido tan extraña que las autoridades carecen todavía de un número claro de desaparecidos. Las primeras filtraciones apuntaban a 19, luego, el lunes, aumentó a 22. Y este martes, Durazo ha dicho 25. La única declaración que han conseguido los investigadores es la del conductor de este autobús, que al parecer dijo que los hombres armados subieron al vehículo con una lista.

Este martes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha informado por sorpresa del segundo caso. Ocurrió en realidad antes, en febrero. En esa ocasión los delincuentes se llevaron a 25 personas. Encinas no ha entrado a valorar si se trata o no de un secuestro.

Ana Lorena Delgadillo señala un problema estructural. «No hemos tenido políticas preventivas para evitar que esto suceda. Vemos una voluntad de que esto cambie con el nuevo Gobierno, de que las investigaciones se realicen por fin correctamente».

Tamaulipas es uno de los Estados más violentos del país. Solo en 2018 se registraron 1.095 homicidios dolosos, cifra similar respecto al año previo, según las estadísticas oficiales. Tamaulipas, además de registrar una de las tasas más elevadas de homicidios en el país, también tiene el primer lugar nacional en personas desaparecidas. En la última década casi 6.000 personas desparecieron en esta entidad. Se localizaron menos de 200.