Los primeros detalles del nuevo plan Marshall para Centroamérica han salido a la luz. El Gobierno mexicano y la Casa Blanca han anunciado este martes las directrices de un paquete de inversiones conjuntas para que el sur de México y los países centroamericanos puedan hacer frente a la crisis migratoria que azota la región. Estados Unidos se ha comprometido a destinar 4.800 millones de dólares en cooperación y desarrollo para su vecino del sur, de acuerdo con una declaración conjunta que ha difundido el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. La Administración de Andrés Manuel López Obrador ha prometido además una inversión de 25.000 millones de dólares para los próximos cinco años en la región austral del país. Washington ofrecerá, aparte, 5.800 millones de dólares para mejorar la gobernanza e impulsar reformas institucionales en El Salvador, Guatemala y Honduras.

El anuncio se produce tras las negociaciones que han sostenido los equipos de López Obrador y Donald Trump desde hace varios meses. El entonces presidente electo de México envió en julio pasado una carta al mandatario estadounidense para pedirle una «relación de respeto, cooperación e intereses comunes». EL PAÍS adelantó a finales de noviembre que López Obrador impulsaba un cambio de política migratoria en la relación bilateral, al tiempo que Trump había adoptado una actitud beligerante con el avance de las caravanas de migrantes centroamericanos sin que el Gobierno de Enrique Peña Nieto pudiera gestionar la crisis.

Aún quedan por aclararse varios puntos sobre la puesta en marcha de la nueva estrategia, como cuáles serán los proyectos beneficiados, qué zonas recibirán la financiación y el calendario de reparto de las ayudas. Los programas de inversión para México recibirán fondos a través de la Corporación para Inversión Privada en el Exterior (OPIC), una institución del Gobierno estadounidense para apoyar proyectos para desarrollo, han explicado fuentes de la Cancillería mexicana. Está previsto que en enero próximo se celebre una reunión de gabinetes y grupos de alto nivel de ambos países para definir los siguientes pasos del plan. También habrá una cumbre con empresarios de ambos países para antes de que termine el primer trimestre de 2019.

«Son buenas noticias para México», ha dicho Ebrard, después de presentar el nuevo plan como «el mayor compromiso en décadas» con la promesa de duplicar en 2019 la inversión extranjera directa en el sur de México. De los 4.800 millones de dólares que aportará Estados Unidos, 2.000 millones serán para proyectos en esa región, de acuerdo con la declaración. La apuesta es que las inversiones de ambos países generen más empleo y puestos mejor remunerados.

La piedra angular de los 5.000 millones de dólares que México se ha comprometido a invertir cada año en el sur es el nuevo Tren Maya. El nuevo Gobierno ha pedido 6.000 millones de pesos (unos 300 millones de dólares) de los presupuestos para iniciar su construcción, que se ha puesto en marcha el fin de semana pasado. En el paquete de proyectos se incluye también el plan de reforestación Sembrando Vida, que comenzará el próximo año en los Estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche. El Gobierno ha pedido 15.000 millones de pesos (750 millones de dólares) para iniciarlo. Otros son la nueva refinería en Tabasco y un nuevo corredor comercial en el istmo de Tehuantepec, explican fuentes gubernamentales.

En cuanto a los 5.800 millones de dólares de fondos públicos y privados que Washington invertirá en Centroamérica, el Departamento de Estado ha detallado que su agencia internacional para el desarrollo gestionará 1.800 millones. La OPIC canalizará hasta 3.500 millones para infraestructura, energía y creación de empleos, si se concreta una serie de proyectos productivos. La Millennium Challenge Corporation, una agencia gubernamental de apoyos internacionales, dará 320 millones para mejorar la gobernanza y la educación. La Casa Blanca pedirá otros 180 millones para nuevos apoyos en el próximo año fiscal para consolidar una estrategia de tres ejes: más seguridad, mejor conducción de los Gobiernos centroamericanos y un impulso al crecimiento económico, según un comunicado oficial.

Con el cambio de Gobierno, el mensaje de México es que se asuman responsabilidades compartidas, ya no solo como un primer filtro a la migración centroamericana, sino a través de programas productivos que mitiguen las causas que subyacen al fenómeno migratorio y que se traduzcan en recursos para atacar la crisis al sur del río Bravo. México ha lanzado esta semana, en el marco de la adopción del pacto migratorio de Marrakech, el Plan de Desarrollo Integral en alianza con los tres países del triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) como la hoja de ruta para las acciones que emprenderá en la región.

En el último capítulo de los acercamientos de ambos mandatarios, López Obrador había condicionado una reunión con Trump a que se lograra un acuerdo migratorio, después de una conversación telefónica la semana pasada. El presidente estadounidense mantuvo públicamente una línea dura contra la migración y dijo a su base de seguidores que México «ya estaba pagando el muro«, tras la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio, el rebautizado T-MEC.

En el centro del discurso del nuevo Gobierno de México está crear «zonas de prosperidad», buscar el apoyo de socios regionales y organismos internacionales, así como reconocerse como una bisagra que ofrezca un freno migratorio para el norte y una noción de destino compartido hacia el sur. El objetivo, dijeron funcionarios mexicanos, es amasar 20.000 millones de dólares de Estados Unidos en los seis años de Gobierno de López Obrador. “Estamos muy optimistas”, ha dicho Ebrard a la espera de que se desvelen nuevos detalles del plan Marshall para Centroamérica y el sur de México en enero próximo.