Es poco común que el Gobierno mexicano pida perdón y este jueves lo ha hecho cinco veces. La periodista mexicana Lydia Cacho ha recibido una disculpa de parte del Gobierno por la persecución que sufrió en 2005 tras la publicación de Los demonios del Edén, una investigación sobre una red de trata y explotación infantil en el Estado de Quintana Roo. El reconocimiento sobre las omisiones del Estado en su caso ha llegado después de que la Organización de Naciones Unidas, a través de su comité de Derechos Humanos, haya reconocido que Cacho fue objeto de múltiples violaciones de sus derechos fundamentales.

“A nombre del Estado mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”, ha dicho Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. El discurso de perdón ha llevado a Encinas a enumerar los cinco elementos por los que el Estado se disculpó: violación del derecho a la libertad de expresión; detención arbitraria; tortura como instrumento de investigación; violencia y discriminación en razón de su género; e impunidad y corrupción alentada por las instituciones.

Cacho fue detenida ilegalmente en Quintana Roo, nueve meses después de publicar su investigación, por diez personas que aseguraron ser policías del Estado de Puebla. Los agentes la llevaron desde el sureste mexicano hasta el centro del país en un trayecto de 20 horas en carretera. La periodista fue víctima de tortura psicológica, tocamientos y amenazas de muerte. Todo ese episodio fue producto de la complicidad entre el empresario Kamel Nacif, involucrado en la red de pederastia, y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. Un audio de la conversación telefónica entre ambos, donde se exponía la colusión del poder político y económico para callar a la periodista, cimbró el 14 de febrero de 2006 a la clase política de México.

Las palabras del exgobernador y el empresario, que ahora se encuentra en prisión, resonaron en la sala. Tras aceptar la disculpa del Gobierno mexicano, la periodista puso las grabaciones que demostraron que su detención había sido ilegal. Las mismas que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los jueces determinaron, en 2007, que las violaciones a sus derechos no habían sido graves. “Si las mujeres como yo hemos jugado hasta la vida por los derechos humanos, lo menos que puede hacer este país es proteger a sus periodistas”, dijo Cacho tras escuchar la disculpa del Estado. La autora de Los demonios del Edén también ha mencionado que durante todos los años que temió por su vida también fue víctima de burlas misóginas. “Nos dijeron que el periodismo era de hombres y que los derechos humanos eran una sensiblería. He perdonado a mis torturadores porque no permití jamás que colonizaran ni mi cuerpo, ni mi espíritu”, añadió.

El Gobierno mexicano tendrá que trabajar en los próximos meses para derogar los delitos de difamación y calumnia que todavía están vigentes en los códigos penales de ocho de los 32 Estados. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, —que en 2007 votó en la Corte en contra de reconocer los actos contra Cacho como delitos graves— expresó que el Estado se dedicará a fortalecer la protección para los periodistas. “Nunca más la censura ha de tener cabida”, dijo. En 2017, 11 periodistas fueron asesinados; en 2018, al menos nueve murieron en homicidios relacionados con su trabajo.

En los últimos años, el Gobierno mexicano solo había ofrecido disculpas en dos ocasiones: en 2015 a dos soldados que fueron discriminados en las Fuerzas Armadas por ser portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y en 2017 a tres mujeres indígenas que fueron encarceladas por supuestamente secuestrar a seis agentes de la Policía Federal. En marzo, el Estado pedirá perdón a las familias de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por miembros del Ejército mexicano al confundirlos con miembros de un cartel de drogas.