El 4 de abril de 2016, el general Luis Cresencio Sandoval tomó el mando de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, en el norte de México. Venía de un puesto administrativo, el segundo escalafón del Estado Mayor de la Defensa. Antes había comandado la sección de planeación estratégica del Estado Mayor, que se encarga de diseñar, entre otras cosas, los planes de acción del Ejército ante catástrofes naturales. A lo largo de los años, Sandoval había alternado cargos administrativos con misiones en el terreno. La nueva aventura en Reynosa entrañaba sin embargo una dificultad especial. Por entonces, la ciudad fronteriza vivía una de sus temporadas más violentas, con enfrentamientos en las calles, muchos de ellos protagonizados por integrantes del Ejército y presuntos grupos de criminales. Ante tal situación, el general no tardaría en marcar su nombre a fuego en la historia de la octava zona.

Luis Sandoval se convertirá en secretario de la Defensa el próximo 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador inaugure su mandato. El presidente electo informó de su nombramiento hace un par de semanas, sorprendiendo a algunos, agradando a otros, despejando en todo caso la última gran incógnita de su futuro gabinete. Este miércoles, durante la presentación del nuevo plan de seguridad de su Gobierno, López Obrador dijo que Sandoval le daba “mucha tranquilidad”. El político explicó que cuando entrevistaba a militares en buscaba de un general secretario escuchó dos “virtudes” de Sandoval: liderazgo y honestidad.

“Vamos a dar un giro gradual, poco a poco, al Ejército. Que no solo siga atendiendo lo relacionado con la defensa nacional. Que nos ayude también en lo legal, a la seguridad interior y seguridad pública. Se necesita a un dirigente, a un líder”, dijo López Obrador al explicar su decisión.

Otro factor en el nombramiento lo proporcionó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. «Cuidé que no hubiese recomendaciones sobre su actuación», reconoció el presidente electo hace algunos días.

Con recomendaciones, López Obrador se refería a informes, investigaciones del ombudsman que comprometieran de alguna forma al elegido. Preguntado al respecto, un vocero de la CNDH dijo que no podían dar ninguna información. En todo caso, parece que no encontró nada alarmante. Ante el visto bueno de la comisión, López Obrador, pendiente de las denuncias contra el Ejército por violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de la guerra a la delincuencia estos años, ungió al general Sandoval.

A los pocos días de llegar a Reynosa, Sandoval puso patas arriba el grueso de las fuerzas militares en la ciudad. Como comandante de la Octava Zona, tenía bajo su mando todo el Estado de Tamaulipas, región donde más enfrentamientos entre militares y civiles se habían registrado desde que el Ejército asumiera el actuar policial en el país casi una década atrás. Lo primero que hizo fue ordenar el desarme y traslado de 500 elementos de una punta a otra del estado, para investigar su posible colusión con una organización criminal.

Fue una decisión extrema. En los primeros días de mayo, familiares de los militares concentrados protestaron por lo ocurrido. El Ejército no les informaba, decían. Públicamente, la secretaría de la Defensa reconocía que los había trasladado, pero solo para tomar un curso. Nada de arrestos, nada de sospechas. Con los días, las familias, que llegaron a marchar con cartulinas exigiendo la liberación de los suyos, callaron. El asunto concluyó envuelto en la misma bruma en que había empezado. No se pudieron probar las acusaciones y los militares volvieron al cuartel.

La decisión de Sandoval de atacar frontalmente posibles corruptelas en uno de sus regimientos, a costa incluso de sacar a casi todos los militares del cuartel, fue cuando menos arriesgada. Juan Veledíaz, experto en el Ejército mexicano, escribió varios artículos sobre aquel episodio. A dos años y medio de aquello, dice: «Fue una purga para encontrar a la gente infiltrada. Fue una sacudida a los que daban protección al crimen. Entonces no supe, pero después me contaron que habían dado de baja a varios militares. En el Ejército, cuando estás mal -corrompido- te obligan a darte de baja y así se ahorran broncas».

Corrupción cero. El lema de Sandoval, el lema, también, de López Obrador. A doce años de que el Ejército empezara a sustituir a la policía en las calles del país, el futuro presidente plantea la vuelta a medio plazo de los militares a los cuarteles, asumiendo que la opción castrense, visto el aumento de la criminalidad, no parece la mejor solución.

Este miércoles, el futuro presidente anunció los detalles de su plan de seguridad y dio pistas sobre el uso del Ejército.

El hombre fuerte en el Ejército será Sandoval, un militar receptivo, abierto a colaboraciones más allá de las fronteras del Ejército. Hace unos días, un mando de un cuerpo de seguridad federal que coincidió con él en su etapa en Tamaulipas, recuerda varios operativos conjuntos de Ejército, Armada y policía, para perseguir a las mafias de la frontera. En la lucha contra el crimen, la desconfianza entre las fuerzas del estado es la norma. Y más en la frontera. Esta fuente recuerda un operativo en concreto en que casi agarran al contable de una de esas organizaciones. El día del operativo, recuerda, el contable iba a pagar a los suyos en un balneario en Reynosa. «Parece que al final se filtró la información y el contable se escapó, pero al menos evitamos el pago. Todos colaboramos», dice.

Veledíaz añade: «Sandoval es un hombre viajado, con roce civil, ha hecho muchos cursos en el extranjero y eso es una ventaja. Creo que es un mensaje implícito de López Obrador de que se rompe con el grupo que ha controlado la secretaría desde hace 25 años».

Coincide con el experto el general José Gallardo, cercano a Morena, asesor de la comisión de Defensa en el Senado. «Él rompe con el grupo de Enrique Cervantes, secretario de la Defensa de 1994 a 2000, y eso es bueno. Es una decisión correcta dentro del contexto, aunque yo me hubiera inclinado por nombrar a un civil», dice.

Ante sí, el nuevo secretario tiene la tarea de devolverle el prestigio al Ejército, acusado en decenas de ocasiones estos años de asesinato, tortura y desaparición forzada. Eso, al mismo tiempo que sustituyen a las policías, mientras así lo estime López Obrador.