El juez acelera una de las causas contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y antigua mano derecha de Esperanza Aguirre. Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, ha decidido este lunes procesar al exdirigente del PP por una de las líneas de investigación abierta en el marco del caso Lezo: la presunta compra irregular de la empresa de aguas brasileña Emissão en 2013, adquirida por el Canal de Isabel II durante su mandato. Según han confirmado fuentes jurídicas, el instructor da este paso después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitase la pasada semana tras concluir que esta adquisición fue una maniobra para desviar fondos públicos para pagar comisiones.

García-Castellón ha dictado así el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el paso previo a emitir el escrito definitivo de apertura de juicio oral contra el expresidente madrileño. Una decisión que acentúa el purgatorio judicial que atraviesa el PP, especialmente los populares madrileños, que han visto también en las últimas semanas cómo tres de sus máximos dirigentes desfilaban por la Audiencia Nacional para declarar en el caso Púnica: Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, además del propio González.

Las pesquisas de esta pieza del caso Lezo otorgan a González un papel clave en la trama. Según los investigadores, el exdirigente del PP y varios directivos del Canal de Isabel II diseñaron una operación ilegal para repartirse casi seis millones (5,2 millones de euros) de fondos públicos, desviados en forma de mordidas de los 31 millones de dólares (27 millones de euros) que costó Emissão. Los implicados se compincharon supuestamente con el representante de la compañía brasileña, Sebastiao Cristovam, para «inflar el precio de la venta mercantil» y transferirles ese dinero, una vez cobrado, a través de Suiza.

Además de a González, entre otros, el Ministerio Público ha implicado también en esta trama a Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta; a Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre fuerte del Canal; y a María Fernanda Richmond, exdirectora de la compañía madrileña. De hecho, tras la llegada de Cifuentes a la presidencia autonómica se encargó una auditoria externa que señalaba las presuntas irregularidades dentro del Canal, además de concluir que en esta compra se pudieron cometer «operaciones fraudulentas» y se pagó «un precio superior al valor» de la compañía.