El juez de la Unidad Judicial Norte, Carlos Andrade López, dio paso a la acción de protección para un grupo de personas con familiares fallecidos a causa del Covid-19. Sin embargo, el trabajo de reconocimiento de cadáveres se complica, debido al avanzado estado de descomposición de los cuerpos.

A las afueras del complejo judicial, al norte de Guayaquil, más de 20 personas reclamaban el cuerpo de sus familiares. La tarde de ayer, 26 de junio de 2020, con carteles en manos exigían la aprobación sobre la acción de protección que fue presentada por la Defensoría del Pueblo contra entidades del Estado, como el Ministerio de Salud, IESS, entre otras.

Después de tres meses, cuando se registró el pico más alto de infectados y muertos en Guayaquil, aún existen cuerpos que se encuentran en los contenedores, a las afueras de los hospitales, donde se atendían casos de Covid-19. Varias personas siguen en la espera de encontrar a sus familiares que han desaparecido a causa de esta enfermedad que acechó al mundo entero.

La vicedefensora del Pueblo, Zaida Rovira, detalla las implicaciones de la garantía concedida a las familias que se encuentran en la ardua búsqueda de sus seres queridos. Entre estas se encuentran el plazo de 10 días para realizar la entrega de información para la identificación de cuerpos, asistencia psicológica por las circunstancias que atravesaron y el anuncio de disculpas públicas a todas las familias.

El Comité de Derechos Humanos, mantiene hasta el momento 74 casos de cuerpos extraviados, otros 38 casos fueron receptados por la Defensoría del Pueblo y 20 por abogados particulares. (DC)