Los Franco no se rinden. El letrado de los siete nietos del dictador ha presentado en la tarde de este viernes un nuevo recurso de amparo ante la sala primera del Tribunal Constitucional en el que exige al Alto Tribunal que se pronuncie en el plazo de 24 horas sobre las medidas cautelarísimas contra la exhumación de los restos de su abuelo del Valle de los Caídos que pretende ejecutar el Gobierno antes del 25 de octubre. Y en tono conminatorio plantea al Constitucional que si no lo hace entenderán agotada la vía interna y nacional de sus recursos y solicitarán esa tutela cautelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo.

La familia Franco ha recibido este viernes la notificación del nuevo acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros sobre la exhumación, en el que se recuerdan los ya aprobados en las sesiones de ese Gabinete los días 15 de febrero y 15 de marzo de 2019, y en la que se especifica que las actuaciones necesarias para ejecutar la exhumación deberán «finalizar, como fecha máxima el día 25 de octubre». En la nota se les precisa que «la hora y el día exacto de la extracción de los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde serán comunicados a los familiares con al menos cuarenta y ocho horas de antelación». El acuerdo ordena también el cierre inmediato y temporal del recinto del Valle de los Caídos hasta la finalización de las operaciones.

El abogado de los Franco defiende que, ante el tenor de ese acuerdo y el plazo indicado de 48 horas para proceder a la exhumación, «deviene extremadamente urgente la adopción por el Tribunal Constitucional de las medidas cautelarísimas solicitadas al objeto de evitar la causación de los perjuicios de imposible reparación alegados al tiempo de solicitar las mismas». Y por ese motivo, «y habida cuenta del exiguo plazo del que dispone esta parte para obtener la tutela cautelar solicitada antes de que se proceda a la ejecución de los acuerdos impugnados», advierte al alto tribunal que «si en el plazo de 24 horas a contar desde la presentación de este escrito no se ha pronunciado sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por esta parte, pese a la constatada existencia de perículum in mora (peligro por la mora procesal), entenderemos que se ha agotado la vía interna y procederemos a solicitar la tutela cautelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos» de Estrasburgo.

La defensa de la familia Franco señala en su recurso de amparo que la falta de un pronunciamiento por el Alto Tribunal sobre las medidas cautelarísimas solicitadas «constituye, dadas las excepcionales circunstancias que concurren, una violación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Ese artículo estipula: “Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

El letrado aprovecha para explicar las especiales circunstancias de este conflicto, que ha tenido amplia repercusión nacional e internacional desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase esa prioridad de la exhumación en su primer discurso de investidura. Y añade que «el silencio o demora inexcusable por parte del Tribunal Constitucional ante la tutela cautelar solicitada, una vez conocida la inminencia de la ejecución de los acuerdos objeto de impugnación, determinaría la absoluta ineficacia de la vía de recurso interno ejercitado por mis representados, quedando expedita la vía jurisdiccional del TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos]».