La ola de violencia en el Estado mexicano de Tamaulipas ha alcanzado un nuevo hito. La noche del lunes fueron asesinados a balazos el juez de control, Abelardo Ibarra Torres, y la fiscal Erika Granados mientras circulaban en un automóvil por Ciudad Victoria, la capital de la entidad. Ibarra Torres era integrante del tribunal local que lleva el caso contra el esposo y presunto asesino de la española Pilar Garrido en México. El juicio será aplazado a enero, según la agencia EFE. Esta es la primera agresión directa a un juez local en Tamaulipas en 12 años, cuando fue desaparecida una juez civil de la ciudad fronteriza en Miguel Alemán.

El doble homicidio se registró en el Fraccionamiento Haciendas del Santuario. Los funcionarios fueron atacados por un grupo de hombres armados quienes se dieron a la fuga, de acuerdo con los primeras informaciones de las autoridades locales. Las víctimas quedaron sin vida en los asientos delanteros de un auto tipo Mini Cooper. «Se va a dar recompensa a quien dé información que conduzca a la identificación y localización del autor del homicidio», ha indicado la Procuraduría General de Justicia del Estado por escrito.

De acuerdo con información del Poder Judicial tamaulipeco, Ibarra fue nombrado el 30 de mayo juez de Control para la Tercer Región Judicial, correspondiente a Matamoros, Valle Hermoso y San Fernando. De acuerdo con el diario Reforma, el juez había recibido denuncias penales interpuestas por presunta corrupción en la prisión de Ciudad Victoria. La queja habría sido presentada por la familia de un reo asesinado. Granados, quien acompañaba al juez en su automóvil, también era empleada de la Procuraduría General de Justicia, la Fiscalía local.

El Estado de Tamaulipas ha sido el campo de batalla de dos carteles del narcotráfico desde hace varios años. La disputa entre las organizaciones del Golfo y los Zetas la han convertido en una de las entidades más violentas de México. De enero a octubre se han registrado 944 víctimas de homicidio doloso, lo que supone un 11% más respecto al mismo periodo de 2017, según datos oficiales.

El magistrado formaba parte del tribunal que buscaba esclarecer el asesinato de la española Pilar Garrido, quien desapareció en julio de 2017 cuando viajaba con su marido y su bebé en automóvil de regreso a Ciudad Victoria, la capital del Estado. Después de días de búsqueda fueron hallados los restos óseos de la mujer valenciana. Un mes más tarde, en un giro inesperado del caso, las autoridades de Tamaulipas detuvieron al esposo de Garrido bajo sospecha de haberla asesinado. El ahora acusado defiende su inocencia y asegura que su esposa fue secuestrada por un grupo de hombres armados.

El abogado de Fernández, Jesús Eduardo Govea, ha descartado que el homicidio del juez tenga relación con el juicio contra el marido. Este martes se llevaría a cabo una audiencia con la participación por videoconferencia de la madre y la hermana de la valenciana de 34 años, dos testigos claves de la defensa porque siempre han sostenido que el marido es inocente. Sin embargo, este episodio clave en el juicio se ha suspendido y se retomará hasta enero de 2019.