El juicio por el caso de la destrucción de los discos duros de Bárcenas acaba sin culpables. El magistrado Eduardo Muñoz de Baena ha decidido absolver al PP, procesado como persona jurídica, y a tres de sus empleados al considerar que no hay suficientes pruebas para condenarlos por un delito de daños informáticos y encubrimiento. Según argumentaban las acusaciones populares, en pleno escándalo por los papeles de Bárcenas, los imputados borraron, rayaron y rompieron las unidades de almacenamiento del extesorero porque contenían, según afirmó él mismo, pruebas de la contabilidad b de la formación conservadora. La fiscalía pedía su absolución.

El magistrado considera que en el juicio no ha quedado acreditado que los acusados -Carmen Navarro, actual gerente del partido; Alberto Durán, asesor jurídico; y José Manuel Moreno, responsable informático- en el momento del borrado y destrucción de los discos duros, en enero de 2013, tuvieran la intención de eliminarlos para así impedir o dificultar la investigación de la caja b del PP en la Audiencia Nacional. Les aplica el principio in dubio pro reo -ante la duda, se debe fallar a favor del acusado-. Contra la sentencia cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

En la sentencia, de 74 folios, el magistrado Muñoz absuelve también al Partido Popular del delito de daños informáticos, el único del que estaba acusado, porque ha quedado probado que uno de los ordenadores pertenecía a la formación política y sobre el otro se desconoce si era del PP o de Luis Bárcenas. También considera que no quedado probado que en el momento en que José Manuel Moreno procedió al borrado seguro -formateado 35 veces- y destrucción de los soportes hubiera almacenado algún dato o archivo.

El juez considera probado que el responsable informático «sometió ambos soportes a un procedimiento de borrado seguro mediante la ejecución de un programa que realiza 35 sobre-escrituras en sucesivas pasadas (…) Tras el borrado, rayó los dos soportes de almacenamiento y se deshizo de ellos». Y afirma que lo hizo «conforme con el protocolo interno implantado en el Partido Popular en el marco del documento de seguridad» al que le obligaba el reglamento de Protección de Datos.

El juez aprecia motivos de «desconfianza» sobre el testimonio de Luis Bárcenas tanto en el juicio como a lo largo de todo el proceso, y pone de relieve el «cambio en el relato» del extesorero. «No es coherente que el sr. Bárcenas dijera el 15 de julio de 2013 que el pendrive [que entregó al juez Ruz, instructor del caso de la caja b] contenía la totalidad de lo almacenado en el Toshiba y que, sin embargo, en las intervenciones en esta causa haya afirmado que quedaron datos en el ordenador», señala.

Pese a haber sometido a juicio al PP como persona jurídica, el magistrado Muñoz de Baena considera, además, que en este caso cabe aplicarse la llamada doctrina Botín, por el que en una serie de delitos que no son de interés público no se puede juzgar a un acusado cuando la Fiscalía no ejerce la acusación. El objetivo del enjuiciamiento, explica el juez, es “permitir que la Audiencia Provincial, en la hipótesis de que no comparta la estimación del órgano juzgador de la cuestión previa para el delito de daños informáticos, pueda entrar a resolver la totalidad de la pretensión de condena en grado de apelación, sin necesidad de que se dicte nueva sentencia en instancia” sobre el delito de daños informáticos.

Con esta resolución, el juez pone punto y aparte a una causa que se prolonga desde 2013 y que, por primera vez en España, ha sentado en el banquillo a un partido como responsable penal —aunque el PP ya fue condenado por la Gürtel como partícipe a título lucrativo—. “Estamos seguros de que todo se resolverá favorablemente y que la verdad prevalecerá en un caso en el que algunos han intentado durante muchos años medrar para hacer daño a unas siglas y a unas personas que siempre han actuado correctamente y de acuerdo con la legalidad», insistía el partido durante el arranque de la vista, donde también se encontraban acusados Carmen Navarro, gerente de la formación; Alberto Durán, director de la asesoría jurídica; y José Manuel Moreno, director de los servicios de Información.

El prólogo del juicio ya lo ganó también el PP. En contra del criterio del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de las acusaciones, el juez aceptó la petición de los populares de impedir que los periodistas grabasen imágenes de la vista oral y de las declaraciones de los acusados y testigos —entre los que se encontraban Luis Bárcenas y María Dolores de Cospedal, ex secretaria general—. El partido conservador consiguió así parte de su objetivo: minimizar el impacto mediático de una causa que arrastra desde hace más de un lustro, desde que la Audiencia Nacional abriera diligencias y las enviara en 2013 a un juzgado de Madrid para continuar con la investigación.

Desde entonces, el proceso ha superado un sinfín de escollos. Fue archivado y reabierto. Se perdió el sumario, que tuvo que reconstruirse con los documentos que aportaron las partes. El PP arremetió contra la juez instructora, Rosa María Freire, a la que trató de recusar alegando una “evidente cercanía” al PSOE. E, incluso, Bárcenas se retiró como acusación particular, lo que abrió la vía a que los populares pidieran que se suspendiera el juicio aplicando la doctrina Botín, la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que, en los delitos en los que existe un perjudicado directo, no se puede celebrar un juicio si no acusan la Fiscalía o el propio interesado.

Pero nada de ello impidió, finalmente, llegar a juicio. La vista arrancó el 14 de junio y acabó el día 28 tras cinco jornadas, que Bárcenas aprovechó para reactivar su ofensiva contra su antiguo partido. El extesorero vinculó la destrucción de los discos duros a la Operación Kitchen, la presunta trama de espionaje ilegal contra él urdida por la policía patriótica, el grupo creado en el seno de la Policía Nacional durante la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz. «Si se llegó a organizar que un falso cura secuestrara a mi familia, que mi chófer clonara mis teléfonos… En el mismo periodo de tiempo se produjeron un montón de acciones que confluyen en el mismo sentido. Quería conseguir mi información y amedrentarme», dijo el exsenador conservador.

Este testimonio fue prácticamente el único que se produjo en contra de los intereses del PP durante el juicio, que vio después cómo sus antiguos trabajadores avalaban su principal tesis de defensa: existía un protocolo en el partido para el borrado de las computadoras cada vez que cambiaban de usuario. Posteriormente, los peritos policiales reconocieron también que existe una teoría sobre la idoneidad de sobrescribir 35 veces los discos duros, aunque apostillaban que es poco habitual recurrir a él. Toda una base que ha servido al juez para dictar su absolución.