El nombramiento de Enrique López y López, magistrado de la Audiencia Nacional, como nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid tiene mucho de paso natural. López (Cacabelos, León, 1963) es, con gran diferencia sobre cualquier otro, el juez español más públicamente identificado con un partido, en este caso el PP, al que debe algunos de los cargos más relevantes de su carrera profesional.

Pese a que sus resoluciones judiciales se han mantenido siempre en términos de estricta legalidad, su ambición y su capacidad de maniobra fuera de los tribunales —especialmente en el plano mediático y de relaciones públicas— le han convertido en un verdadero “animal político”, en palabras de sus colegas jueces. A partir de ahora, López, que como magistrado tiene prohibido afiliarse a ningún partido, seguirá haciendo política, solo que desde otro puesto. Junto a López, la presidenta electa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por otro independiente, Manuel Giménez, como consejero de Economía.

La proximidad apenas disimulada del magistrado López a la formación conservadora y a sus postulados —medio centenar de ponencias en la fundación FAES le contemplan— le granjeó un puesto como vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008. Terminado el mandato, López dejó su puesto como juez instructor en León y fue catapultado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Su cercanía al PP también le valió una más que polémica designación como magistrado del Tribunal Constitucional en junio de 2013. López alcanzó ese exclusivo puesto, que venía buscando desde 2006, con unos méritos jurídicos muy discutidos: hizo falta el voto de calidad del entonces presidente del tribunal, el progresista Pascual Sala, para validar el nombramiento del Gobierno de Mariano Rajoy. En toda su carrera como juez, López apenas ha redactado 94 sentencias, todas ellas en la Audiencia Nacional, 86 en la Sala de lo Penal y ocho en la Sala de Apelación, a la que está adscrito actualmente.

Su paso por el alto tribunal quedó abruptamente interrumpido un año después, cuando dimitió tras ser sorprendido por la policía conduciendo su moto sin casco y bajo los efectos del alcohol en Madrid. Tras aquel incidente y la posterior condena por delito contra la seguridad vial —1.440 euros y ocho meses sin carné de conducir—, el PP, que lo había aupado al alto tribunal tras seis años de vetos del PSOE, hizo como que se apartaba de él.

Sin embargo, tras una temporada en la nevera, Díaz Ayuso lo ha recuperado: López ocupará una cartera normalmente poco vistosa dentro de un Gobierno —la que se encarga de la dotación material de las sedes judiciales en la Comunidad o del servicio de Emergencias 112—, pero este magistrado tiene tablas para darle proyección al cargo. En un Ejecutivo de coalición PP-Ciudadanos en el que esta última formación ha asumido la portavocía y se ha adelantado en los nombramientos de consejeros a la presidenta Díaz Ayuso, López puede convertirse en un contrapeso del futuro vicepresidente, Ignacio Aguado, de Cs.

López que ingresó en la carrera judicial en 1989, con apenas 26 años, y es miembro de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, ha demostrado en los últimos tiempos una capacidad nada desdeñable para encajar reveses. Tras la renuncia obligada al puesto tan largamente ansiado de magistrado del Constitucional, uno de los más importantes a los que puede aspirar un jurista, y su vuelta a la Audiencia Nacional, López tuvo que ver cómo sus compañeros de tribunal le apartaban, junto a la magistrada Concepción Espejel, del enjuiciamiento del caso Gürtel. Su relación con el PP afectaba a su apariencia de imparcialidad. La decisión, evidentemente, le dolió pero la asumió con notable deportividad.

López recaló —tras un movimiento discutido del Consejo General del Poder Judicial— en la Sala de Apelación de la Audiencia, un destino relativamente cómodo en el que se revisan en segunda instancia las sentencias de las cuatro salas penales de la Audiencia Nacional. El pasado julio, el Supremo anuló su nombramiento y el de su compañero Eloy Velasco por un defecto de forma. La adscripción de ambos magistrados a la Sala de Apelación, que se hizo pese a que no contaban con los requisitos de especialización en materia penal, fue duramente criticada por asociaciones de magistrados, en especial la Francisco de Vitoria, la segunda de la carrera tras la APM.

La consejería que ocupará López lleva como segundo apellido el de “Víctimas del terrorismo”. Su producción como articulista, casi tan amplia como la jurídica —desde 2008 escribe una columna semanal en La Razón— demuestra que la lucha contra ETA y el terrorismo es una de sus obsesiones. Su perfil conservador, contrario a los nacionalismos y muy acorde con las ideas del PP en Justicia —tasas judiciales, prisión permanente revisable…— se conjuga con un talante dialogante, sin duda un valor en esta su nueva etapa política.