«¡Ya estoy libre, cabrones! (…) ¡Agárrense hijos de la chingada!». Así ha celebrado Guillermo Padrés, exgobernador del Estado mexicano de Sonora, su liberación tras pasar dos años en la cárcel. Padrés ha obtenido su libertad provisional tras pagar este fin de semana una fianza de 100 millones de pesos, cinco millones de dólares, y pese a tener abiertos dos procesos por los delitos de fraude fiscal y lavado de dinero. El político conservador deberá llevar un brazalete electrónico, presentarse a firmar en un juzgado y no podrá abandonar en el país, pero podrá enfrentar su juicio fuera de la cárcel.
«Gracias a todos por todo, espero verlos pronto», ha dicho emocionado Padrés en un audio enviado por WhatsApp a sus conocidos y que ha sido divulgado por la prensa mexicana este lunes. El mandatario de Sonora entre 2009 y 2015 ha salido de prisión la noche del sábado, tras haber sido internado en el reclusorio oriente de Ciudad de México. Un juez federal ha aceptado que sus familiares dieran dos inmuebles en garantía para pagar la fianza, de acuerdo con medios locales.
Padrés se entregó a la Justicia mexicana en noviembre de 2016, después de estar prófugo tras haber sido acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Las autoridades también detuvieron a uno de sus hijos por blanqueo de capitales. La defensa de Padrés, encabezada por el exprocurador (exfiscal) federal Antonio Lozano Gracia, ha sostenido desde entonces que su cliente es inocente y que los procesos legales en su contra se trataban de una persecución política.
La Fiscalía Anticorrupción de Sonora ha insistido en un comunicado que Padrés aún no ha sido declarado inocente. Las autoridades estatales han señalado que aún siguen abiertas decenas de carpetas de investigación contra funcionarios del gobierno del político del Partido Acción Nacional (PAN) por daños al erario público que alcanzan los 30.000 millones de pesos (unos 1.500 millones de dólares).
La liberación de Padrés ha provocado reacciones encontradas entre los miembros del espectro político mexicano porque toca uno de los temas más sensibles en el país, como los supuestos lazos entre algunos políticos y el crimen organizado, la corrupción y las deficiencias en la impartición de justicia para llegar a sentencias contra los responsables. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha limitado a decir que respeta la independencia del poder judicial y ha remarcado que durante su mandato no hay ninguna consigna para perseguir a políticos de la oposición, como antes se acostumbraba. «Nosotros no tenemos fobia contra nadie ni vamos a utilizar la ley para tomar represalias», ha dicho este lunes López Obrador en conferencia de prensa.
La sucesora de Padrés y actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ha reconocido en su cuenta de Twitter que no está de acuerdo con la decisión del juez federal. «Desde el primer día expresé enérgicamente mi postura contra quienes traicionaron la confianza de los sonorenses y la sostengo», ha dicho Pavlovich, del Partido Revolucionario Institucional. El PAN no se ha pronunciado en esta red social.
La liberación provisional de Padrés ha indignado a algunos sectores de la sociedad sonorense, que han demandado al Gobierno de Pavlovich que cumpliera la promesa de comprobar el daño a las finanzas estatales durante la Administración anterior y de reparar los recursos supuestamente robados, refiere el periodista sonorense Luis Alberto Medina. El periodista apunta que no se ha informado de lo que se ha recuperado, de las consecuencias para los presuntos responsables ni en qué se ha utilizado ese dinero, además de que también hay señalamientos de corrupción contra el Gobierno actual en casos como desvíos a través del caso de La Estafa Maestra y la llamada OperaciónSafiro. «Es una deuda de Pavlovich y una promesa que no ha podido cumplir», asegura Medina, director del Portal Proyecto Puente.
Las acusaciones contra Padrés, atendidas por el fuero federal, han puesto otro signo de interrogación más a la impartición y procuración de justicia en el país. En septiembre pasado, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte recibió una condena reducida de nueve años y una multa de menos de 4.000 dólares tras declararse culpable. En enero, el exgobernador de Tabasco Andrés Granier recibió el beneficio de prisión domiciliaria para cumplir 11 años de condena por corrupción.
La consecución de sentencias contra políticos y la resolución de casos de corrupción son uno de los mayores retos de la nueva Fiscalía General de la República, creada en noviembre del año pasado. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, nombrado a mediados de enero, ha admitido que el nuevo ministerio público arrastra de su antecesora, la Procuraduría General de la República, un rezago de 205.000 carpetas de investigación sin resolver y 22.000 órdenes de aprehensión sin cumplimentar desde 1984.
