En vez de militar, la Guardia Nacional será civil. Morena ha cedido a la presión de la oposición dentro y fuera del Congreso. Los críticos denunciaban que la creación de la Guardia Nacional, reforma de la Constitución mediante, profundizaba la militarización de la seguridad pública en México. Morena, que se resistía a cambiar, finalmente ha accedido a modificar el núcleo de la reforma. Esto, pese a las críticas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que esta misma mañana decía que no va a aceptar una simulación que no resuelva problemas.

Según la reforma, acordada por todos lo grupos políticos en el Senado, la nueva corporación estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y no a la Defensa Nacional. Para la oposición, este punto es clave, pues rebaja el peso del Ejército en el nuevo cuerpo. 127 de 128 senadores han votado a favor.

Legisladores de todos los partidos han comparecido juntos este jueves en la sede de la cámara alta para informar del acuerdo. Han sido días de negociaciones muy intensas. Morena y sus aliados partían de posiciones muy distintas a las que mantenía la oposición. El partido de López Obrador planteaba una reforma constitucional para crear un nuevo cuerpo militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa, organizado de acuerdo a la lógica castrense. Los militares se iban a encargar de reclutar, formar y organizar a los nuevos guardias nacionales. La oposición exigía que el mando de la guardia fuera civil y criticaba que el nuevo Gobierno tratara de profundizar la militarización de la seguridad pública en el país.

Finalmente y contra las ideas que ha expresado estos meses López Obrador, unos y otros han acordado colocar el nuevo cuerpo bajo la dirección del encargado de la Seguridad Pública, Alfonso Durazo. No solo eso. También se elimina la Junta de Jefes del Estado Mayor de la propuesta, un órgano de dirección de clara extracción militar. La reforma prevé además que la formación de los guardias se rija por «por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y a la perspectiva de género». Mientras el Estado recluta a los integrantes de la nueva corporación, policías militares, navales y federales vestirán el nuevo uniforme. Criticada por el nuevo Gobierno, la Policía Federal desaparece de facto. Mientras se conforma la Guardia Nacional y hasta por cinco años, el Ejército seguirá fungiendo de policía.

El acuerdo viaja ahora de vuelta a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. En enero, la cámara ya aprobó la reforma, pero los cambios impulsados en el Senado obligan a los legisladores de la Cámara Baja a votarla de nuevo.

En la rueda de prensa conjunta que han ofrecido los legisladores, el senador Ricardo Monreal, de Morena, ha destacado el acuerdo «por unanimidad» de las bancadas. El resto de legisladores han loado el papel de sus partidos, clave, a su entender, en el cambio de opinión de la mayoría.

Mientras esto ocurría, López Obrador concluía su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Informado del acuerdo alcanzado en el Senado, el mandatario ha insistido en que el Ejército juega un papel esencial en la seguridad de la ciudadanía y ha criticado, de nuevo, a los que dicen que crear la Guardia Nacional equivale a militarizar el país. Más tarde, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, ha dicho igualmente que le gustaba más la propuesta que aprobaron ellos, con un tipo de policía militarizada. Un cambio de la propuesta ahora en la Cámara de Diputados podría ralentizar el proceso.

Ante la levedad de la oposición parlamentaria, el colectivo de organizaciones Seguridad Sin Guerra se ha erigido como verdadera contraparte estos meses. Ya ocurrió a finales del Gobierno anterior, cuando el ejecutivo del presidente Enrique Peña Nieto lanzó en el Congreso la Ley de Seguridad Interior, que perpetuaba el papel policial del Ejército. Hoy, sus integrantes se han mostrado contentos con el anuncio en el Senado. Uno de ellos, Edgar Cortés, decía por ejemplo, que el cambio en la reforma propuesta por Morena era un triunfo enorme de las organizaciones de la sociedad civil.

Lisa Sánchez, de la organización México Unido contra la Delincuencia, ha pedido cautela hasta que se aprueben las leyes que desarrollan la reforma de la guardia. «Las leyes darán forma al régimen temporal de participación militar en tareas de seguridad pública», dice. «¿Cómo vamos a fiscalizar la participación de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo van a explicitar las leyes secundarias la conformación de esta guardia civil?»

La reforma obliga además a los estados a que presenten un plan de fortalecimiento de sus policías en los seis meses siguientes a su aprobación. Desde el despliegue masivo del Ejército en 2006 y 2007, una de las asignaturas pendientes de los gobiernos estatales ha sido precisamente este. En el contexto de la discusión de la Ley de Seguridad Interior, a finales de 2017, los defensores del texto decían que el Ejército debía seguir haciendo de policía porque las policías no estaban en condiciones de afrontar el reto de la inseguridad en el país. La nueva reforma plantea resolver esta situación.