Las consultas de Andrés Manuel López Obrador parecen no tener fin en México. Tampoco la ambigüedad de su discurso. El presidente electo ha propuesto este miércoles lanzar una nueva pregunta a los mexicanos para saber si desean que su Gobierno investigue posibles delitos de corrupción de las administraciones de los últimos cinco expresidentes. Al mismo tiempo, ha señalado que preferiría no hacerlo para evitar una confrontación y para seguir adelante con los proyectos de su Ejecutivo. “He venido diciendo que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos”, dijo el martes a la salida de un acto.

Poco después, en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, incidió: “Estoy en contra de la corrupción desde siempre y creo que es el principal problema de México. Creo que nunca en la historia del país habíamos padecido de tanta corrupción como en el periodo neoliberal”. Sin embargo, el presidente electo manifestó que en su opinión la mejor decisión es dejar en el pasado los actos de corrupción de los gobiernos que le anteceden. “Es lo mejor para el país, en una decisión de Estado, un punto final. Y decir vamos a olvidar esa horrible historia”, expresó.

Este miércoles, el político ha añadido más ingredientes al debate. El presidente electo aceptó la propuesta de la periodista Carmen Aristegui de poner a consideración de los mexicanos la creación de la Guardia Nacional, la permanencia de su consejo consultivo de empresarios y las investigaciones por corrupción contra los últimos cinco expresidentes mexicanos. El presidente electo, incluso, se ha lanzado a formular la pregunta de su referéndum: “¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Sí o no?”.

López Obrador no ha definido cuándo podría realizar la consulta, pero ha argumentado que entrar en un proceso de escrutinio a las administraciones anteriores generará un ambiente de confrontación entre los mexicanos. El presidente electo, sin embargo, ha señalado que si existe una petición popular para indagar los actos de corrupción de sus antecesores, pondrá en marcha las investigaciones. “Si la gente dice: “Queremos justicia’, se hace justicia, de arriba para abajo. Yo soy demócrata y voy a mandar obedeciendo”, dijo. El político aclaró que los procesos judiciales que se encuentran abiertos por corrupción seguirán su curso.

Las declaraciones de López Obrador, a nueve días de que asuma el cargo, han sorprendido a diversos sectores en México, dado que el mandatario electo insistió, siendo candidato, que una de las prioridades de su Gobierno sería el combate a la corrupción. Esa perspectiva le trajo numerosos simpatizantes hartos de la ola de corrupción durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y los políticos de su partido, el PRI. “Esta declaración constituye, en el mejor caso, una amnistía a los actos de corrupción y a las redes que los hicieron posibles y, en el peor, un pacto de impunidad acordado con el gobierno saliente”, apunta en un comunicado la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Incluso, la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, manifestó su crítica a la posición que López Obrador tiene respecto al tema. “Nosotros no podemos aplaudir que se busque de parte de una persona el subvertir a la ley, el declarar amnistías y que no cumplirán con la responsabilidad que tendrán las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo. México ocupa el lugar 135 de 180 países, evaluados por Transparencia Internacional, en el Índice de Percepción de la Corrupción.

Esta no es la primera vez que el presidente electo de México genera polémica con declaraciones que no ahonda sobre la forma en que sus planteamientos funcionarán en la práctica. Durante la campaña, sugirió una amnistía para criminales e incluso de impulsar una ley para delimitar los sectores que podrían beneficiarse de ella. El político no explicó en detalle cómo podría implementarse la amnistía, lo que resultó en la molestia de los familiares de algunas víctimas que le pidieron detener la propuesta.