Faltan 10 días para que inicie el Gobierno de López Obrador, pero sus críticos ya han decidido que será un fracaso y no pocos de sus seguidores comienzan a hablar de una traición a las banderas populares que le hicieron triunfar. “Ganó con la izquierda, gobernará con la derecha” se dice en ambos extremos del espectro político.
Las críticas se alimentan de las polémicas medidas que el presidente electo o sus colaboradores más cercanos han anunciado en los últimos días. Un proyecto de seguridad pública que a juicio de muchos nos pone en mano de los militares; un consejo asesor empresarial en el que predominan conspicuos miembros de lo que él denominaba “mafia del poder”; la reiteración de que no perseguirá a los corruptos del pasado. De todo esto se concluye que el candidato del cambio a favor de los pobres, ha pactado una alianza con las élites.
Los que así opinan no lo conocen. El hombre puede abrigar dudas sobre los atajos del camino pero tiene claro a donde quiere llegar. La obstinación es el rasgo predominante de su personalidad. Nada va a desviarlo de su deseo de trascender a la historia como el presidente de los pobres y la justicia social. Otra cosa es la manera en que él cree que pueda conseguirlo.
López Obrador es tal vez el mexicano que mejor conoce el tejido social y político de este país. A lo largo de 40 años ha recorrido varias veces la totalidad del territorio y como opositor ha experimentado todos y cada uno de los pliegues del sistema, sus botones y palancas, su poder y sus alcances.
A diferencia de Salvador Allende o de Hugo Chávez (haciendo abstracción de los enormes contrastes) entiende que cambiar al régimen enfrentándolo desde la presidencia es inviable. Los poderes fácticos y la dependencia de los mercados financieros y comerciales son un formidable adversario.
Asume que la única manera de enfrentar a los poderes “amafiados” es “desamafiándolos”. Impedir que se consoliden en contra tuya. No puedes desafiar al Ejército al mismo tiempo que te echas encima a la iniciativa privada en su conjunto o a los grandes sindicatos preexistentes.
López Obrador quiere neutralizar o sumar a unos mientras se ocupa de otros. Abre un frente de batalla pero mima a los posibles aliados de su rival. Cancela la construcción del nuevo aeropuerto, proyecto de 13.000 millones de dólares, perjudicando a algunos de los mayores empresarios del país mientras incorpora a su consejo a otros con igual o misma fuerza; pone en retiro al poderoso y elitista Estado Mayor Presidencial, pero hace guiños irresistibles a los militares ofreciéndoles una carta de legitimidad; anuncia leyes más restrictivas a la minería (que desploman el valor accionario de empresas propiedad de Germán Larrea y Alberto Bailleres, segundo y tercero más ricos de México) mientras se abre de brazos a la criticada luna de miel con Televisa y TV Azteca, hasta hace meses “envenenaban al pueblo”. La ruta de equilibrista en la que incurre López Obrador tiene indudables riesgos, pero entiende que es la única viable. Confía en sus habilidades de prestidigitador para pactar con unos mientras hace ajustes de cuentas con los otros.
A inicios de la campaña anunció una polémica alianza con el PES, un partido cristiano conservador. López Obrador no cedió pese a la unanimidad de las críticas. Necesitaba aliados para defender el voto y asumía que era un compañero de viaje inofensivo que no influiría en su propio derrotero. Una incongruencia ideológica sin consecuencias aparentes a cambio de una ventaja logística de cara a su objetivo final. Se trata ahora de la misma táctica, salvo que los militares o Televisa son tiburones comparados al goldfish de pecera que era el PES.
Esperemos que lleve bien las cuentas. El riesgo de esta estrategia es que los grupos privilegiados con los que se alía se consoliden en detrimento de las posibilidades de cambio. En otras palabras, que la factura política de los televisos o de los líderes sindicales corruptos sea más onerosa que las “utilidades” de cambio social obtenidas con los mineros y otros frentes. Algunas de sus acciones consolidan su objetivo de llevar a cabo una cuarta transformación, otras la ralentizan o de plano la obstaculizan.
Una última observación sobre la llamada militarización de la seguridad pública a la que, se dice, López Obrador ha convocado. Otra vez, un caso de estrategia. El combate a los poderosos carteles no puede prescindir del ejército; ergo, se legitima el rol de los soldados y al mismo tiempo se les desmilitariza sometiendo a la institución a un largo proceso de “secularización”. No es ideal, pero quizá la única medida posible en lo inmediato, pese a los golpes de pecho que esto provoque.
