Andrés Manuel López Obrador ha declarado muerta la reforma educativa de su predecesor, Enrique Peña Nieto, a través de un memorándum emitido este martes que deja sin efecto los cambios legales de 2013. El documento moviliza a tres secretarías del Ejecutivo federal para liberar a los maestros que estén encarcelados por oponerse a la reforma, reinstalar a los docentes que hayan perdido su trabajo tras no aprobar las evaluaciones contempladas en la ley anterior y asumir el pago de nóminas de los profesores. El Gobierno ha decretado la medida tras semanas de estancamiento en el Congreso, donde la coalición liderada por el partido de López Obrador (Morena, izquierda) no ha podido acordar un nuevo proyecto de ley que satisfaga a la disidencia magisterial y les asegure los votos necesarios de los otros grupos parlamentarios para aprobarlo. La oposición niega que la acción tenga sustento legal y ya ha adelantado que impugnará la decisión ante la justicia.

“Es un manotazo sobre la mesa”, afirma Manuel Gil Antón, profesor e investigador de El Colegio de México. Si el poder Ejecutivo tuviera la facultad de derogar o modificar leyes a través de un memorándum, explica, existiría una situación de invasión de poderes. El documento firmado por López Obrador “es una muestra del fracaso de la política, de la capacidad para alcanzar un acuerdo y de la negociación”, asegura el sociólogo. «Huele a decreto, ese tipo de funciones extraordinarias que tienen los presidentes, pero que solo se dan en situaciones excepcionales. No estamos en ese escenario».

La medida del presidente ha abierto, además, un debate sobre las competencias del Ejecutivo y sobre cuáles son los procedimientos a seguir para derogar una reforma constitucional. “Jurídicamente no tiene ninguna validez”, afirma el exministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cossío, quien señala que “el presidente no tiene facultades para ordenar la abrogación de una reforma constitucional”. El exjuez asegura que el memorándum de López Obrador puede ser “fácilmente impugnable” por aquellos que se sientan afectados en sus derechos o en sus competencias, ya sea ciudadanos o autoridades.

El opositor Partido de Acción Nacional (derecha) también salió al cruce. Damián Zepeda, senador del bloque conservador y miembro de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara Alta, ha calificado la decisión como «un acto ilegal e insconstitucional». La formación de derecha, la mayor opositora al Movimiento de Regeneración Nacional, estudia la mejor ruta jurídica para proceder con la impugnación del memorándum. «No tiene ni pies ni cabeza. No lo vamos a dejar acá», dice.

Sin profundizar sobre la legalidad del memorándum de López Obrador, los bloques parlamentarios de Morena en las dos Cámaras del Congreso salieron a poner paños fríos. Ricardo Monreal, coordinador del partido en el Senado, ha manifestado que no existe una contraposición entre «las medidas administrativas inmediatas» que ordenó el presidente y el proceso legislativo en curso. Por su parte, Mario Delgado, líder de la bancada en Diputados, ha dicho que el documento es una muestra «de voluntad» por parte del presidente.

El Gobierno ha anunciado que las Secretarías de Hacienda, Educación y Gobernación (Interior) asumirán atribuciones extraordinarias en la rectoría de la educación pública hasta que concluya el debate legislativo y se apruebe una nueva reforma. Además, López Obrador ha mandado un mensaje a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una organización sindical que aglomera a más de 100.000 maestros y que había sido uno de los aliados más sólidos del presidente durante la campaña, pero que ha presionado con bloqueos y manifestaciones multitudinarias en oposición a la nueva reforma que defiende el Gobierno. “Exhorto a los maestros de todas las tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, a impedir la confrontación y a buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación”, ha expuesto el mandatario.

La noticia tampoco fue aplaudida con gran entusiasmo dentro de la Coordinadora, que entiende que era «un paso necesario» pero que es una decisión que no cambia nada. Para ellos, el debate debe enfocarse en la nueva reforma que actualmente está en discusión. La CNTE ha criticado abiertamente el proyecto presentado en diciembre por Morena y aprobado en comisiones en Diputados por su similitud con el de Peña Nieto. «Están buscando cómo convencernos que el dictamen de comisiones es correcto», señala Gonzalo Martínez, uno de los portavoces del colectivo.

Las negociaciones entre el Gobierno y la Coordinadora, el aliado de Morena que ha logrado paralizar la agenda legislativa durante más de un mes, continúan su curso. «Vemos que hay disposición. No hemos roto el diálogo, seguimos en el marco de construir a través de las propuestas concretas y serias», ha dicho Martínez. Hasta ahora, los intentos han sido en vano.