La Fiscalía de Venezuela investigará a Juan Guaidó por “traición a la patria”

La Fiscalía venezolana ha anunciado este viernes una nueva investigación penal contra el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, señalado de «traición a la patria» por presuntamente estar detrás de un plan para renunciar al Esequibo, un territorio rico en recursos que Caracas reclama a Guyana.

Guaidó seguirá presidiendo la Asamblea

Juan Guaidó seguirá presidiendo la Asamblea Nacional en 2020, a pesar de que cuando los 17 grupos de la oposición asumieron el poder en la Cámara en 2016 habían acordado que la presidencia sería rotatoria. Así lo han acordado este viernes las fuerzas opositoras, las únicas presentes en el hemiciclo tras el abandono de los 55 parlamentarios oficialistas en 2017.

En una alocución por televisión, el fiscal general, Tarek William Saab, ha anunciado: «Iniciamos una investigación» a Guaidó por unos hechos que implicarían «el delito de traición a la patria». La Fiscalía ya mantiene abiertas otras causas contra Guaidó, enzarzado en un pulso por el poder con el presidente Nicolás Maduro y que no cuenta con inmunidad parlamentaria.

Este jueves, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había reclamado en televisión que la justicia persiguiera a su oponente por el mismo delito por el que ahora lo investiga la fiscalía. Maduro acusaba a Guaidó de entregar a las multinacionales el Esequibo y argumentaba que disponía de pruebas de que este estaba negociando los términos. «La fiscalía general debe actuar con diligencia, porque se trata de un delito de traición a la patria», dijo Maduro.

También el jueves la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, acusó a Guaidó de dirigir una «organización criminal» al «servicio de las multinacionales y del Gobierno de Estados Unidos».

La zona en cuestión, el Esequibo, es un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados rico en minerales y rodeado de una zona marítima con yacimientos petrolíferos. La soberanía sobre el lugar está en disputa entre Venezuela, que la reclama desde los años 60, y Guyana, país que administra el territorio.