El primero de diciembre próximo se efectuará un cambio de administración política en México que augura una cantidad de repercusiones profundas a nivel nacional y con consecuencias muy significativas para el mundo hispanoamericano. La toma de posesión inminente del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador promete convertirse en la culminación de un prolongado y accidentado proceso de transición democrática. El fin del largo reinado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que duró cerca de noventa años, no es un acontecimiento histórico menor sino un verdadero parte aguas en la historia de este fascinante y complejo país.

Las dudas y las preguntas sobre el futuro afloran, como es natural en una época de previsibles transformaciones sociales, políticas y económicas. Existe preocupación entre muchos círculos empresariales por el desempeño de la quinceava economía del mundo y la segunda de América Latina. Sin embargo, un buen número de elementos permiten conjeturar un futuro de mayor estabilidad, crecimiento y honestidad en la gestión pública de la república mexicana. Para empezar, la gran contundencia de la victoria electoral de López Obrador y su nuevo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguran que la nueva administración y sobre todo las legislaturas puedan llevar a cabo sus tareas de manera eficaz. El nuevo presidente ha obtenido más del 53% del voto popular y su partido es mayoritario en el Congreso de la Unión, en el gobierno local de la capital, así como en diecinueve legislaturas estatales. El apoyo popular que permitió este sorprendente resultado es reflejo de un claro consenso entre la gran mayoría del pueblo mexicano de que se requiere una profunda renovación política, social y ética en la gestión pública.

En muchos sentidos, lo que ocurre en el México actual tiene resonancia con facetas importantes de la transición española que tuvo lugar tras el fin de la dictadura franquista. En particular, me parece que es significativo el pragmatismo de la mayor parte de las nuevas figuras ascendentes de la política mexicana. Y me refiero no sólo a la capacidad de acuerdos que ha ido forjando el presidente electo con iglesias, ejército, marina y con grupos empresariales, sino al perfil de las personalidades que se han anunciado como futuros encargados de despachos del gobierno. Se trata, en muchos sentidos, de una “república de profesores y profesionales”, que recuerda los primeros gabinetes de la administración de Felipe González.

En las secretarías de hacienda y economía, destacan una serie de economistas académicos, que ya tienen una experiencia administrativa notable. El nuevo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, es matemático y doctorado en economía por la Universidad de Wisconsin. Los subsecretarios de egresos e ingresos, respectivamente, son Gerardo Esquivel y Arturo Herrera, el primero con doctorado de Harvard y el segundo de la New York University, ambos con amplia experiencia como consultores internacionales y vínculos de larga data con el Banco Mundial. La próxima secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez, es doctorada premiada por la Universidad de Harvard y destacada economista e historiadora. El encargado de las negociaciones económicas internacionales de la nueva administración es Jesús Seade, egresado en economía de El Colegio de México y de Oxford, quien cuenta con décadas de experiencia en negociaciones internacionales en la OCDE y otros organismos multilaterales, y ha sido vicepresidente de la Universidad de Lingnan, en Hong Kong, un centro académico de primer nivel, clasificada como dentro del 1% de mejores universidades de Asia. En julio pasado aceptó la invitación de López Obrador para incorporarse a su equipo y ha colaborado estrechamente con la administración del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, en la negociación del muy complejo y nuevo tratado comercial entre México, los Estados Unidos y Canadá, sorteando los numerosos obstáculos que ha esgrimido el presidente Donald Trump, hasta lograr un acuerdo inesperadamente favorable para los tres países socios.

El próximo secretario de Hacienda y buena parte de su equipo ya fueron responsables de la administración de las finanzas de la ciudad de México entre 2000 y 2006, donde lograron mejorar la recaudación de manera notable. Ahora prometen trabajar para alcanzar el equilibrio fiscal y un manejo más solvente de la deuda que la administración saliente. A su vez, prometen cumplir varias de las metas fijadas por López Obrador para reducir la corrupción de manera radical y mejorar progresivamente la distribución del ingreso. Están anunciadas ya medidas que implicarán rebajar los altísimos sueldos con los que el PRI se había habituado a premiar los rangos superiores del gobierno. Las reformas previstas se resumen en la nueva norma que impedirá a cualquier alto cargo cobrar más que el presidente entrante, cuyo sueldo se ha fijado en 108,000 pesos mensuales, equivalente a unos 4,700 euros al mes. Los ahorros muy considerables a raíz de la rebaja de sueldos y extensas prebendas, así como de la reducción de una burocracia exagerada, compuesta en un amplio número de casos por funcionarios que recibían cargos como premios políticos, se prevé que permitirán facilitar la cobertura de los nuevos programas sociales a ponerse en marcha, las cuales incluyen alrededor de dos millones de becas para jóvenes en preparatorias y universidades, así como un número equivalente para trabajadores jóvenes que contarán con apoyos en su etapa de aprendizaje en empresas. Centenares de grandes compañías ya han ratificado su interés en colaborar en este nuevo programa con recursos humanos y económicos.

Pero no es sólo en el campo de la economía que la prioridad sea el pragmatismo y la eficiencia. También se observa el profesionalismo y carácter cosmopolita del nuevo gobierno en el perfil de los futuros responsables de las relaciones exteriores. El futuro canciller, Marcelo Ebrard, tiene una notable experiencia administrativa, pues fue subsecretario de este ramo, diputado, jefe del gobierno de la ciudad de México de 2006 hasta 2012 y, posteriormente, presidente de la Red Global de Ciudades Seguras de las Naciones Unidas desde 2012 hasta 2014. Entre otros profesionales destacados, le acompañará – como futuro embajador de México antes las Naciones Unidas- el Dr. Juan Ramón de la Fuente, quien ha sido dos veces rector de la Universidad Nacional de México, director de la Junta Directiva del Programa de la ONU contra el Sida en París y de la Asociación Internacional de Universidades en la UNESCO. Con el nuevo equipo diplomático, el gobierno mexicano tendrá la oportunidad de recuperar el prestigio que ostentaba en los foros internacionales hace ya varios decenios.

Al mismo tiempo, debe enfatizarse que la nueva administración ha anunciado que coloca a la equidad de género como una de sus prioridades principales, lo que complementa las metas de reducción de pobreza, discriminación y corrupción. La nueva secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se desempeñó como ministra de la Suprema Corte de Justicia durante más de un decenio, y es autora de varios libros y cuenta con fama de mujer comprometida con las investigaciones en curso para combatir la corrupción. Otro ejemplo de los nuevos gobernantes es Claudia Scheinbaum, jefe electa del gobierno de la ciudad de México, doctora en ingeniería energética, y antigua responsable de la secretaría de medio ambiente de la metrópolis entre 2000 y 2006. Ella ha nombrado un nuevo equipo de profesionales- equilibrado por género- que promete renovar la enorme urbe y capital de un país con un largo legado y trayectoria histórica que está en un franco proceso de transición político, el cual esperemos pueda cumplir con, al menos, algunas de las muchas expectativas de más de 120 millones de mexicanos.

Carlos Marichal es historiador de El Colegio de México.