México ya cuenta con una nueva hoja de ruta para las peliagudas tareas de seguridad pública. El Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado este jueves por la plana mayor del Gobierno de López Obrador aún deberá ser refrendado en el parlamento -donde Morena tiene mayoría en ambas cámaras- y coronado en una reforma constitucional, pero esboza las claves de bóveda de una estrategia que pretende encauzar la peor ola de violencia en el país desde que ese tiene registros: 80 homicidios al día. El papel del ejército, anatema desde su salida de los cuarteles hace más de una década, gana protagonismo; se despliegue toda una batería de medias anticorrupción y se continúa deslizando la posibilidad de abrir el melón regulatorio de las drogas como herramienta de la nueva política de seguridad pública.

Guardia Nacional

Desde el 1 de diciembre, fecha de la toma de posesión del nuevo Gobierno, México contará con un nuevo cuerpo militar que patrullará las calles del país. “Se tratará de una fuerza adicional a las Fuerzas Armadas ya existentes y que se integrará en la secretaría de Defensa”, apuntó el recién nombrado titular del ramo, Cresencio Sandoval. La creación de este nuevo estamento será gradual durante los próximos tres años. De manera inmediata, se incorporarán miembros de la policía militar, naval y federal. El siguiente año, militares en activo. En 2021, se completará con reclutas civiles hasta alcanzar un número de 150.000 miembros.

Su implantación también será gradual en los 265 cuadrantes en lo que será dividido el país según dos criterios: tasa delictiva y densidad de población. El nuevo cuerpo será instruido por militares, y según el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, “su mando general será una autoridad civil; y el mando operativo, el ejercito mexicano”. López Obrador justificó la instauración de una nueva autoridad militar para labores policiales, adelantada ya durante los últimos meses, en que “hay mucha descomposición en los cuerpos policiales”.

Medidas anticorrupción

El plan general incluye una batería de medidas para combatir la corrupción dentro de la Administración Pública, con especial atención a las instituciones de seguridad y justicia. “Propondremos las reformas legales necesarias para tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza”, anunció Durazo sin dar más detalles. Las cambios normativos incluirían una nueva Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, prohibir las adjudicaciones directas, investigar y clausurar las empresas fantasma, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de altos funcionarios, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.

Para las tareas de supervisión y sanción, el plan prevé centralizar las instancias de contraloría, fortalecer mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación y reformular la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Se ha concentrado en detectar la evasión fiscal pero no ha dado un solo golpe capaz de debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado ni ha logrado reducir el lavado de dinero, cuyo monto anual se estima en 30.000 millones de dólares”, subrayó Durazo. No hubo mención, sin embargo, al sistema de elección de las distintas cabezas de la fiscalía mexicana, una de las instituciones más desgastadas y criticadas en México por su falta de independencia y cercanía al gobierno de turno.

Derechos humanos

La nueva legislación aspira también a tipificar como delitos los incumplimientos de recomendaciones de las comisiones nacionales y estatales de Derechos Humanos. Es decir, a convertir en vinculantes las conclusiones de estos órganos estatales autónomos, tantas veces ignorados o puenteados en México. “Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado”, defendió Durazo. Otra de las medidas se concentra en profundizar y garantizar su independencia.

Regulación de las drogas

En la línea que han ido marcando las intervenciones de los titulares de Gobernación y Seguridad durante los últimos meses, el plan esbozado este miércoles continúa deslizando la posibilidad de abrir el melón regulatorio de las drogas como herramienta de la nueva política de seguridad pública: “La alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las generan y se dedique en una primera instancia a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados.”

Consejo de Construcción para la paz

Pese a mantener al Ejército realizando labores policiales, el documento carga con dureza contra la estrategia militarizada iniciada por Gobierno de Felipe Calderón. “A la enorme mayoría de los muertos, los lesionados, los torturados, los ausentes y los desplazados no se les ha hecho justicia y los delitos correspondientes han quedado impunes. Las políticas de violencia dejan, así, una enorme deuda social en materia de procuración que debe ser saldada con mecanismos de justicia transicional y por medio de los cauces institucionales ya existentes”.

El nuevo paradigma incluirá una instancia consultiva, el Consejo para la Construcción de la Paz, formado por tres representantes públicos y tres de la sociedad civil, que contará también con un observador permanente designado por la Organización de las Naciones Unidas. La relación con los organismos internacionales se completa con una mención a que el gobierno reconocerá «explícitamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y se recurrirá a esa instancia para el esclarecimiento y el castigo si llegaran a tener lugar crímenes que pudieran considerarse como de lesa humanidad”