El Tribunal Constitucional mueve ficha. Los 12 magistrados del pleno han acordado este jueves por unanimidad, tras pedírselo el Gobierno, comunicar al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, y al resto de miembros de la Mesa su «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir» sentencias anteriores del tribunal. Ese recordatorio, que incluye la advertencia de posibles consecuencias penales si la Cámara autonómica desobedece, se produce en vísperas de que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre el juicio del procés, en el que fueron acusados de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia los principales líderes del otoño independentista de 2017 en Cataluña. Los partidos separatistas anunciaron recientemente en el Parlament que responderán con «desobediencia institucional y civil» a la sentencia si esta es condenatoria.

El Constitucional ha admitido a trámite la petición del Gobierno de anular varios apartados de una resolución aprobada por el Parlament el pasado 25 de julio y en la que se planteaba la reprobación de Felipe VI y se defendía el ejercicio del derecho de autodeterminación. Pero la medida del alto tribunal no implica solo suspender temporalmente los preceptos bajo sospecha sino que además, como también pedía el Ejecutivo, se dirige directamente al presidente, al secretario general y a los miembros de la Mesa para advertirles de que tienen la obligación de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar esta nueva decisión del Constitucional o sus sentencias previas.

En tres providencias fechadas este 10 de octubre, los magistrados aceptan a trámite la iniciativa anunciada por el Consejo de Ministros el pasado viernes, cuando el Gobierno decidió no presentar un nuevo recurso contra la resolución del Parlament —como se ha hecho otras veces— y optó, en cambio, por pedir una «ejecución de sentencia», al considerar que la Cámara incumplía con esa resolución varios dictámenes previos del Constitucional donde se abordaban los mismos hechos. Por ello, el Gobierno pidió al tribunal que también avisara a los miembros de la Mesa del Parlament y en especial a su presidente, Roger Torrent, de las consecuencias penales que puede acarrearles el persistir en ese comportamiento.

En ese sentido se pronuncian ahora los magistrados, que acuerdan «notificar personalmente» sus resoluciones de este jueves a Torrent; al secretario general, Xavier Muro; y a los miembros de la Mesa: Josep Costa, Joan García, Eusebi Campdepadrós, David Pérez, Laura Vílchez y Adriana Delgado. A todos «se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada [de la resolución del 25 de julio], apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir». También se les recuerda su «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir» sentencias anteriores del Constitucional.