Tres años y dos meses más tarde, las autoridades pidieron perdón. En un acto austero celebrado en el Museo de la Memoria y la Tolerancia de Ciudad de México, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se disculpó ante las familias de los cinco jóvenes desaparecidos y asesinados en el estado en 2016; por la participación de la policía en lo ocurrido; por la criminalización de los jóvenes a cargo del propio estado; por el abandono que sufrieron las familias, obligadas a acampar durante tres meses en la puerta de la fiscalía exigiendo una investigación eficiente. El estado, ha dicho García, desapareció a sus hijos. Y pedimos perdón.

Si el caso Ayotzinapa descubrió la cercanía de policías y criminales, el caso Tierra Blanca constataba la podredumbre del sistema. Son dos casos que han enmarcado un Gobierno, el de Enrique Peña Nieto, incapaz de aliviar a las familias de los miles de desaparecidos que contaba el país; de actuar contundentemente contra el vínculo entre el crimen y el estado, tan evidente durante su mandato.

En un discurso de apenas 10 minutos, Cuitláhuac García, que asumió la gubernatura en diciembre, ha dicho: «El estado alentó la mentira en este caso. Reconocemos que el estado falló a las familias. Todos deben saber que elementos de seguridad del estado detuvieron arbitrariamente y desaparecieron a sus hijos, dejándoles un inmenso dolor. Fallamos en la respuesta que les dimos. Una respuesta que les pudiera acercar a la justicia. Por eso, reconocemos públicamente la responsabilidad del estado y su gobierno».

Los jóvenes se llamaban José Benitez, Bernardo Benítez, Susana Tapia, José Alfredo González y Mario Arturo Orozco. La más joven, Susana, contaba 16 años. En un video proyectado durante el evento, la mamá de Susana decía que la niña era un poco rebelde, normal a su edad. Otras mamás, otros papás, recordaban a sus hijos: siempre me contaba lo que le pasaba, traía a sus amigos a casa, le gustaba reír…

A estas alturas, con sus hijos muertos, parece que una disculpa sirve de poco. No los devuelve a la vida, ni siquiera acelera el proceso contra los culpables, pero dignifica. El padre de Bernardo decía: «Todavía recuerdo aquellos días que acampamos en la fiscalía en Tierra Blanca. Aun sin saber el destino de nuestro hijo, mi esposa Columba me decía que prefería que le hubieran dicho que Bernardo había tenido un accidente fatal y no que había sido secuestrado… Aún teníamos esperanzas entonces. Después de 87 días acampados, cuando nos dieron el certificado de defunción de Bernardo, sentimos un enorme vacío, otro duelo. Una culpa inevitable al no haber protegido a nuestro hijo. Como si fuera nuestra responsabilidad».

Originarios de Playa Vicente, los cinco volvían a casa de pasar el fin de semana en el Puerto de Veracruz. Era el 11 de enero de 2016. A su paso por Tierra Blanca, policías de Veracruz los interceptaron. Se los llevaron a plena luz del día, los sacaron de la carretera y los metieron en un camino secundario. Luego los entregaron a un grupo de delincuentes del pueblo. Estos se los llevaron a un rancho cercano. Allí los mataron, quemaron y tiraron sus restos a un río.

Parece que los confundieron. Esa es al menos la tesis de las autoridades. Los policías pensaron que los jóvenes tenían algo que ver con un grupo delictivo contrario al local. La evidente cercanía de agentes y criminales accionó la palanca. Actuando de vigías de los segundos, los policías agarraron a los muchachos y se los llevaron. Sus familias nunca los volvieron a ver. Meses más tarde, las autoridades hallaron en un rancho un trocito de hueso y una mancha de sangre. Fue todo lo que encontraron.

Insólita, la disculpa del Gobierno de Veracruz no solo refrenda la participación policial, sino que limpia el nombre de los muchachos. Casi desde el principio, medios locales esparcieron rumores sobre la verdadera ocupación de los jóvenes: que si estaban con un grupo contrario, que qué andaban haciendo allí en Tierra Blanca, etcétera. Cuitláhuac García decía: «Es una disculpa por las veces en que se intentó criminalizar a sus hijos. Que quede muy claro. Los cinco eran inocentes y nunca debieron vivir los hechos que sufrieron».

Los papás exigían este lunes que se castigue a los culpables. Hay 21 detenidos por el caso, ocho policías y 13 civiles. El abogado de las familias, Celestino Espinoza, explicaba a EL PAÍS que los 21 encaran dos procesos penales, uno por delincuencia organizada y otro por desaparición forzada. El primero, dependiente de la Fiscalía General de la República, se tambalea en un juzgado federal. Espinoza decía que los investigadores armaron su caso con las pruebas que aportó la fiscalía local en Veracruz, encargada de probar el delito de desaparición forzada. Eso, explica, es un problema, porque al juez federal no le resulta válido. En el peor de los casos, los 21 podrían quedar absueltos del delito de delincuencia organizada, pendientes del otro proceso, trabado en la lenta justicia local.

José Benítez, padre de José, decía: «Tengo 1158 días del mismo pesar. Solo quiero sensibilizar a jueces, fiscales, autoridades, para que se llegue a la justicia, lo único que pedimos. Exijo, más que pido. Porque la palabra pedir… A veces parece que damos lástima. Exijo la finalización de nuestro caso. Lo merecemos. Cosas como la de hoy nos vuelve a abrir la herida, a veces se medio cierra y hoy la abrimos completita».

Otra de las reivindicaciones de las familias es que se investigue la responsabilidad de los mandos, tanto de la fiscalía como de la Policía estatal. En enero de 2016, el gobernador de Veracruz era Javier Duarte, hoy en la cárcel acusado de robarse 400 millones de pesos, 20 millones de dólares, de las arcas del estado. Su jefe de policía, Arturo Bermúdez, también estuvo preso por varios delitos, entre ellos desaparición forzada. Un juez le dejó libre en diciembre, aunque sus casos siguen en proceso. Los padres esperan que futuras investigaciones descubran vinculaciones más profundas de los jefes del Gobierno del estado en el caso de sus hijos.