El Partido Socialista y Unidas Podemos suscribieron este martes, de forma sorpresiva, el acuerdo que no fueron capaces de alcanzar tras las elecciones de abril. El primer interrogante que suscita el pacto es precisamente ese: si firmarlo era posible en apenas unas horas, ¿por qué se emplearon entonces seis infructuosos meses y se convocó nuevamente a las urnas? Los dos dirigentes están obligados a dar una explicación más consistente que la que ofrecieron. En cualquier caso, que dos fuerzas políticas anuncien su voluntad de gobernar juntas es un avance importante respecto a bloqueos anteriores, aunque aún queden por conocer muchos extremos de ese acuerdo y, sobre todo, la estrategia parlamentaria que vayan a seguir sus firmantes para alcanzar los apoyos que les faltan.

De momento, el documento firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es una declaración de intenciones, como admiten sus autores. Hasta que no se conozca más concretamente ese contenido y los votos que concita no solo para la eventual investidura del presidente del Gobierno, sino también para una necesaria gobernabilidad, la escenificación realizada por ambos líderes puede tener un cierto efecto positivo, al aumentar precisamente las posibilidades de alcanzar una mayoría de gobierno. Pero también puede cerrar algunas alternativas y ofrecer excusas gratuitas para reeditar la estéril política de bloques.

El documento suscrito y presentado en el Congreso no es un programa, porque está redactado en términos tan voluntariosos como para contemplar cualquier medida en su eventual desarrollo. Lo más interesante es que evita esa indefinición general en el punto principal en el que no hubiera sido aceptable: la crisis territorial en Cataluña. Ambos partidos se comprometen en el texto a buscar soluciones dentro de la Constitución, de donde podría deducirse que Unidas Podemos ha renunciado al reconocimiento del derecho de autodeterminación y a la exigencia de un referéndum como fórmula para resolver el contencioso catalán. Es un avance importante. Ahora se trata de que esas cautelas no queden comprometidas si, como parece, la vía elegida por Sánchez e Iglesias para alcanzar su mutua investidura necesitara contar con la participación, activa o por abstención, de los partidos independentistas.

Las fórmulas para salir de la parálisis en la que se encuentra el país no pueden ser solo el resultado de combinaciones aritméticas, sino que tienen que tomar en consideración factores políticos insoslayables. Ninguna solución para Cataluña es posible dejando al margen al Partido Popular, y menos en unas circunstancias como las actuales en que la presión de la ultraderecha puede colocar al principal partido de la oposición ante la tesitura de radicalizar su discurso para no perder apoyos.

Integrar a Iglesias como vicepresidente del Gobierno, después de haberlo vetado en la anterior legislatura, exige que el líder socialista se explique ante los ciudadanos. Seguramente, también le supondrá aclarar su posición en Bruselas, donde había sido bien recibido el anuncio de que la titular de Economía, Nadia Calviño, tendría ese mismo rango. Las dos eventuales vicepresidencias (¿o tres?) tienen, evidentemente, rasgos muy distintos. Estos y otros interrogantes quedan a la espera de respuesta. No es la mejor manera de empezar celebrar una conferencia de prensa sin preguntas, como hicieron este martes el presidente del Gobierno en funciones y el líder de UP.

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