Esta mañana, en rueda de prensa virtual, Diana Atamaint, presidenta del CNE, aclaró que la recomendación realizada por la Contraloría General del Estado es una “intromisión”, debido a que la decisión de permitir la participación de los cuatro movimientos políticos es decisión del Tribunal Contencioso Electoral.

Atamaint no descarta la posibilidad de solicitar una sanción en contra del contralor Pablo Celi. La sanción que podría recibir conlleva una multa de entre 21 y 60 salarios básicos y la destitución en el caso de funcionarios públicos. Sin embargo, la presidenta del CNE comenta que se pronunciarán en el debido momento.

El pasado 19 de junio finalizó el registro de organizaciones políticas que participarán en las elecciones próximas del 2021. Después de vigilar la situación jurídica de los movimientos políticos “Justicia Social”, “Libertad es Pueblo”, “Podemos” y “Fuerza Compromiso Social”, el CNE determinó que no existía causal para que las organizaciones políticas sean eliminadas del registro electoral.

La presidenta del CNE y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero tienen 30 días para contestar a la Contraloría. Si las respuestas no son satisfactorias y los errores no son corregidos, los consejeros podrían ser destituidos. (DC)