El taquero de la esquina, la lavandería, el taxista, el puesto de artesanía o el dependiente del supermercado que ayuda a los clientes a guardar los alimentos en bolsas a cambio de unas pocas monedas. En México, segunda economía de Latinoamérica, decimoquinta mundial y miembro de la OCDE, más de la mitad de su tejido productivo se encuentra en la sombra de la informalidad. Una cifra –seis de cada 10 trabajadores y pequeños empresarios– que coincide casi exactamente con el 56% de la población que no tiene ni cuenta bancaria ni red financiera alguna y que se solapa también con el 43% de mexicanos hundidos en la pobreza. Las monedas y los billetes siguen fluyendo a chorros por los canales del país impidiendo el gran salto al bienestar y al teórico ciclo virtuoso tecnológico que promete desembocar en una economía sin dinero en efectivo, cortafuegos de la corrupción y las actividades del crimen organizado.

La baja bancarización, la falta de impulso legislativo y, en general, un ecosistema cultural y político con pocos incentivos fueron principales causas que se apuntaron durante el foro No Money organizado este jueves por EL PAÍS con el patrocinio de VISA y BBVA Bancomer en la sede de la entidad financiera de la capital mexicana. “La lucha contra el efectivo en México es también la lucha por la bancarización”, apuntó Hugo Nájera, director general de Desarrollo de Negocios de BBVA Bancomer, en una de las mesas, compartidas por expertos de la banca, empresas, abogados e instituciones públicas.

A las demandas del sector bancario mexicano para consolidar la implantación de las cuentas bancarias –Francia, Italia o Taiwan superan el 90% de tasa de bancarización– mediante su asociación obligatoria a una nómina o al pago de los gastos de una vivienda, se sumaron también las críticas al funcionamiento de la Administración. “El efectivo debe ser un derecho de los ciudadanos, pero no hay ningún motivo para que las instituciones públicas continúan utilizándolo”, señaló Juan Pardinas, director general de Instituto Mexicano para la Competitividad. En México, las nóminas de los funcionarios o los programas sociales continúan en muchos casos prestándose en metálico. “A más efectivo –añadió–, más opacidad y más corrupción”. Entre las recetas apuntadas, también se incidió en el plano tributario, tomando como ejemplo una reciente medida del Gobierno uruguayo: incentivos fiscales vía IVA para los usuarios que paguen a débito.

En la clasificación internacional, sobresalen países como Suecia donde apenas el 1% de los pagos se siguen haciendo con efectivo y hasta la compra de periódicos en la calle se puede hacer de manera digital. En el país norteamericano oscilan en torno al 30%. Las riesgos y preguntas que emergen alrededor de este nuevo fenómeno también son diferentes según el tipo de sociedad donde intervienen. En Europa y EE UU, por ejemplo, preocupa la privacidad, la temida deriva hacia una especie de sociedad-panóptico donde todos los movimientos pueden ser registrados y vigilados. “Si viviera en otro país, me preocuparía la privacidad. Pero aquí lo que importa es poner coto a la corrupción transparentando las rutas de dinero”, cerró Pardinas, que recordó un sonado escándalo reciente. En enero de 2012, en plena campaña electoral, un funcionario veracruzano del gobernador Javier Duarte, hoy encarcelado por corrupción y malversación, fue detenido en el aeropuerto de Toluca con dos maletas que contenían 25 millones de pesos (más de un millón de dólares) en efectivo.

Garantizar la seguridad y confianza de los usuarios fueron en todo caso dos de las patas fundamentales que se apuntó la industria en su debe. “Tenemos que lograr que las transacciones digitales sean más fáciles para el que paga y más baratas para el que vende”, subrayó Nájera. Los farragosos trámites burocráticos y el laberinto de comisiones de las tarjetas bancarias estarían también detrás de la falta de incentivos en el mercado. “Estamos viviendo una revolución del comercio porque tenemos un consumidor empoderado, que va a comprar cuando quiere, lo que quiere y a través del dispositivo que quiere. Estamos trabajando para que los pagos sean invisibles. Vamos a implementar barreras de protección para buscar que sean experiencias de pago sin fricción, convenientes y seguras”, añadió Luz Adriana Ramírez, directora de Visa México.

Las empresas de comercio electrónico reclamaron también mayor seguridad jurídica y normas equitativas para un mercado que en México roza el 1% del PIB, frente a la media mundial del 8%. “Aún nos encontramos con muchas barreras para vender en línea en comparación a las ventas físicas. La nueva ley tiene muchos huecos, protege sobre todo al banco y no al cliente o al comercio”, defendió Alfonso Lomelí, director de la plataforma Kichink. México cuenta desde hace apenas un par de meses con una legislación específica para el entorno económico digital: la ley Fintech. “Se está avanzando en temas anti fraude, pero en cuestiones de protección de datos, por ejemplo, estamos en pañales”, afirmó Humberto Pérez Rocha, socio de Galicia Abogados.

“Se trata de una buena ley porque obliga al registro y control de los emisores de criptomonedas”, señaló el comisario jefe y coordinador de la Unidad de Prevención de Delitos Electrónicos, Oliver González, quien subrayó también que el 60% de las denuncias que han recibido en lo que va de año están relacionadas con fraude e información maliciosa. Felipe Vallejos, jefe de Regulación de Bitso, la mayor empresa de bitcoin de Latinoamérica, defendió la virtudes de la fiebre por las nuevas divisas. «Dan movilidad, son portables, tienen bajo costo, eliminan hasta el 90% de los intermediarios y el sistema en diez años no ha dejado de operar nunca”. Mientras que Enrique Alberola, Jefe de la Oficina de las Américas del Banco de Pagos Internacionales (BIS) resaltó por su parte los riesgos implícitos dado su alto componente de opacidad: “Estamos tratando de lograr más transparencia y trazabilidad de las operaciones mediante la desaparición del efectivo y, sin embargo, en el otro extremo las criptomonedas pueden ser una fuente también de corrupción, crimen organizado y fraude”.