Fiscalía emitió dictamen acusatorio para tres personas por su presunta participación en el delito de defraudación tributaria, tras haber participado en concursos públicos para la adquisición de insumos médicos y otros servicios, durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó, de manera motivada, los elementos de convicción hasta ahora recaudados, entre estos: los informes del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los informes ejecutivos ampliados y emitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), de la declaratoria como empresa fantasma de la compañía ALMATOP S.A., y los informes investigativos consolidados emitidos por la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía Nacional.

A ellos sumó las certificaciones de los administradores del edificio donde supuestamente laboraba y prestaba servicios la empresa investigada, y las pericias de audio y video efectuadas a los teléfonos celulares de los procesados.

El juez de Garantías Penales, Virgilio Matamoros, acogió lo solicitado por Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio a Narcisa de Jesús B. D., Katherine Andrea N. R. y Eduardo Xavier M. M. (presidenta, gerente general y contador de la empresa, respectivamente), ratificando las medidas cautelares que pesan sobre ellos: arresto domiciliario y enajenación de sus bienes.

Contexto:

En operativos ejecutados por Fiscalía y Policía Nacional, el 8 de mayo de 2020, en Guayaquil, Daule y Samborondón, se procedió a la detención de tres personas y se incautaron equipos electrónicos y documentación relacionada al caso.

Fiscalía inició una investigación previa por una presunta defraudación tributaria el pasado 10 de abril, contra una compañía que habría ofertado servicios para la compra de dispositivos e insumos médicos con hospitales del Puerto Principal, por montos aún no cuantificados y destinados para solventar la emergencia sanitaria de Covid-19.

La compañía estaba acreditada ante el SRI como empresa dedicada a la venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos dentales, pero las investigaciones determinaron que su actividad era la de restaurantes, cevicherías y cafetería, según la Superintendencia de Compañías, actualizada al 11 de noviembre de 2019.

‘Estas contradicciones, en cuanto a la información registrada, harían presumir la ejecución de una conducta penal relevante, que tendría como resultado un perjuicio a la recaudación tributaria del Estado’, manifestó el fiscal Suárez.