El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista en las elecciones del próximo domingo, Pedro Sánchez, ha dado por hecho este miércoles que la Fiscalía depende del poder ejecutivo. En una entrevista en RNE, Sánchez ha sido preguntado por la promesa que lanzó en el debate del lunes de que el Gobierno traerá a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado en Bélgica desde octubre de 2017. La decisión de la entrega, reactivada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, depende íntegramente de la justicia belga.

Ante esta pregunta del entrevistador, el presidente en funciones ha recalcado que el Gobierno está haciendo lo posible para la extradición y está suministrando a la justicia belga toda la información necesaria para que sea efectiva la euroorden contra Puigdemont. Sánchez ha añadido fue la Fiscalía la que pidió la activación de la euroorden y lo ha puesto como prueba de que el Gobierno está actuando, al hacer una pregunta retórica: “¿De quién depende la Fiscalía?”, ha dicho. A renglón seguido, el entrevistador le ha respondido: “Sí, sí, depende del Gobierno”. A lo que Sánchez ha zanjado: “Pues ya está”.

Las palabras de Sánchez han causado irritación en las asociaciones de fiscales, que insisten en la independencia del ministerio público. Fuentes fiscales consideran además que estas manifestaciones dificultarán la entrega del expresident al «verter sombras de sospecha de interferencia del poder ejecutivo» sobre la Fiscalía.

En realidad, el ministerio fiscal, órgano integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, no depende ni orgánica ni funcionalmente del Gobierno, como se desprende de las palabras de Sánchez. Es cierto que el artículo 124.4 de la Constitución otorga al Ejecutivo el nombramiento del Fiscal General del Estado y que el Gobierno puede pedirle a este que «promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público», según el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, tanto la Constitución como su propio Estatuto Orgánico establecen que los fiscales actúan “con plena objetividad e independencia” en defensa de la legalidad, y que en su actuación rigen “en todo caso” los “principios de legalidad e imparcialidad” con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico. En el caso de las actuaciones solicitadas por el Gobierno al fiscal general, la ley establece que el máximo responsable del ministerio público decide en última instancia sobre su viabilidad o procedencia. Es decir, que el Gobierno no les da órdenes ni instrucciones a los fiscales.

“El independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en gana. Se crea sus propias burbujas. Espero que más pronto que tarde Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española, que es lo que debe hacer”, ha manifestado Sánchez tras su referencia a la Fiscalía. El expresident fugado ha aprovechado la ocasión que le ha brindado Sánchez con sus palabras sobre los fiscales para redoblar sus ataques contra la democracia española: “Sánchez lo confirma: no hay separación de poderes”, ha dicho en Twitter.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria entre los 2.500 miembros del ministerio público ha lamentado en un comunicado «el desconocimiento de las funciones conferidas al Ministerio Fiscal por parte de quien hace tales manifestaciones, que no se ajustan a la realidad y generan en la ciudadanía una confusión inaceptable». La Fiscalía «es independiente y solo depende de la legalidad», y «no cumple órdenes del Gobierno», insiste el comunicado.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha recordado también, en un mensaje en Twitter, que «el Ministerio Fiscal es autónomo del Gobierno, de cualquier Gobierno y este no puede dar órdenes al o a la Fiscal General, que quede claro».

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales también ha criticado las palabras del presidente en funciones: «Sánchez se equivoca. No puede dar ninguna orden al Fiscal, conforme a la ley: art. 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal. A lo mejor quiere decir saltándose la ley, pero eso es otra historia», ha escrito esta asociación en Twitter.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha salido al paso de la polémica y ha negado que Sánchez interfiera en la separación de poderes con sus declaraciones sobre la extradición de Carles Puigdemont. En declaraciones a la prensa antes de participar en un acto en el Insituto Cervantes, Calvo ha alegado que aunque la Fiscalía está encuadrada en el poder judicial, «no es poder judicial», informa Europa Press.

La vicepresidenta ha explicado que la Fiscalía «tiene vínculo» con el Gobierno en «política criminal». «Al fiscal general lo nombra el Gobierno, en el resto de democracias también. Y tiene un vinculo importante con la política criminal del gobierno, en todas las democracias del mundo», ha recordado.