Guayaquil (Guayas).- El Tribunal Penal del Guayas sentenció a cinco años de pena privativa de libertad al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez; mientras que la situación legal de los otros tres procesados, Jorge R. A., Silvia C. G. y Marco C. Los cuatro fueron procesados por el presunto delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos y contratos, a cambio de sumas de dinero, comprendidas entre 5.000 y 500.000 dólares.

En la audiencia de juzgamiento, en la Unidad Judicial Albán Borja –que inició el jueves 6 y continuó los días jueves 13, viernes 14 y lunes 17 de agosto–, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, expuso más de 20 pruebas documentales y 20 testimonios, entre estos.

Fiscalía presentó como prueba principal audios y videos de los procesados, en los que se demuestra su participación en los hechos, además de las declaraciones de dos presuntos perjudicados. Uno de ellos relató que accedió a un nombramiento en el Ministerio de Salud, pagando por ello la suma de medio millón de dólares; otro dijo que pagó 50.000 dólares para trabajar, supuestamente, en el Consejo de Participación Ciudadana, en Quito.

Además de la explotación y extracción de información de los teléfonos celulares y seguimientos realizados a los procesados, sobre su documentación (facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques…) y otras relativas al hecho.

Fiscalía, en su intervención, citó las fechas en que se reunieron los integrantes de esta presunta agrupación delictiva, en

Quito y Guayaquil, y demostró que José Carlos T. Z. era el encargado de ofertar cargos públicos en sus diferentes modalidades, para instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador, a cambio de fuertes sumas de dinero.

El Tribunal de Garantías Penales, conformado por los jueces Allison Ramírez, Fernando Lalama y Dora Vargas, acogió las pruebas presentadas por Fiscalía y emitió la sentencia condenatoria contra José Carlos Tuárez y una multa económica, la pérdida de los derechos de ciudadanía y emitir disculpas públicas, cuyo procedimiento se determinará y detallará en la resolución escrita.

Los jueces dispusieron que en una próxima audiencia se resuelva la situación jurídica de Jorge R. A., Silvia Leonor C. G. y Marco Eduardo C. S. Esto, porque uno de sus abogados presentó un certificado médico por presunto contagio de Covid-19 y los otros dos justificaron su inasistencia a la diligencia.