GUAYAQUIL (GUAYAS).- Fiscalía procesó a una presunta banda delictiva que se dedicaba a la explotación sexual, con fines de prostitución y pornografía infantil, de un grupo de adolescentes, a quienes –con engaños– las obligaban a tener relaciones sexuales al interior de un hotel, ubicado en el Guasmo Sur, al suroeste de Guayaquil. Fiscalía identificó a cuatro presuntas víctimas adolescentes agredidas, cuyas edades oscilan entre los 13 y 16 años.

En la audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Judicial Portete, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Yoli Pinillo Castillo, presentó como elementos de convicción: las direcciones IP de computadores y celulares incautados, las pericias de redes sociales de los dispositivos electrónicos, los informes de vigilancia autorizada por la autoridad competente (por la naturaleza del delito investigado), las pericias de audio y video de cámaras de seguridad del hotel y residencia de los procesados, y los informes de las unidades policiales involucradas en la investigación.

La jueza de Garantías Penales, Herlinda Urquiza, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Julio Bryan L. T. y Mauro Antonio S. R.. A Sharyn Briggete S. A. y Jose Antonio O. Ch. les dispuso arresto domiciliario, por el período de lactancia de la mujer y por ser adulto mayor, respectivamente.

Fiscalía y la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), ejecutaron el operativo en varios puntos de Guayaquil, donde -según denuncias presentadas a fines de mayo de 2020– un grupo delictivo se dedicaba al reclutamiento de adolescentes y mujeres jóvenes con promesas de trabajo, actividad que promocionaban en redes sociales.

Una vez que enganchaban a sus víctimas, les ofrecían remuneraciones de hasta 200 dólares diarios y acordaban recogerlas en sus domicilios para llevarlas al lugar de trabajo. Una vez trasladadas a un hotel, las obligaban a tener relaciones sexuales con desconocidos a los que filmaban en sus habitaciones, para después amenazarlas –si denunciaban el hecho– con enviar los vídeos a sus familiares y colgarlos en redes sociales.

Una vez determinados los lugares y las residencias desde donde operaban los procesados, se ejecutaron los allanamientos, en los que se ubicó e identificó a los autores de estos presuntos delitos, para detenerlos y ponerlos a órdenes de la autoridad judicial.

Además, en coordinación con la Gobernación del Guayas, se procedió a la clausura del establecimiento donde ocurrieron los hechos.