La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha firmado este martes un acuerdo con el Gobierno mexicano para apoyar en la formación en esta materia a los agentes que integrarán el nuevo órgano de seguridad de López Obrador, la Guardia Nacional. Bachelet ha recalcado en su intervención que el organismo «no puede estar ausente en un país con 40.000 desaparecidos y nueve mujeres asesinadas al día». La intervención internacional llega en un momento de controversia para el nuevo cuerpo encargado de combatir la delincuencia, pues pese a que su aprobación en marzo por el Congreso fue por unanimidad, la decisión de si el mando será un militar en activo, como propone López Obrador, o un civil—como sugirieron los legisladores de la oposición a cambio de aceptar la propuesta— todavía no se ha definido.

La que hasta marzo de 2018 fuera también presidenta de Chile ha irrumpido en una de las conferencias icónicas que el presidente mexicano da cada día desde que tomara protesta para presentar un acuerdo «histórico», ha apuntado López Obrador. Una colaboración que ha justificado como necesaria después de escuchar en su visita a diferentes organizaciones de víctimas de la violencia que ha azotado al país desde que en 2006 se declarara la guerra contra el narcotráfico: familiares de desaparecidos en Coahuila (norte del país) y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, secuestrados y desaparecidos en 2014. «La firma muestra el compromiso hacia un claro cambio de paradigma con prioridad en los derechos humanos. Pues no hay seguridad sin pleno respeto en este ámbito. Cuando no se respetan, se genera un ciclo creciente de violencia. El acuerdo va mas allá de la capacitación, también se supervisarán los mecanismos de participación ciudadana, de transparencia de las instituciones y rendición de cuentas y la dignificación policial», ha añadido Bachelet en su intervención.

En esta rueda de prensa sin preguntas liderada por López Obrador, donde también han participado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se ha insistido de nuevo en la necesidad de implementar lo antes posible la Guardia Nacional, como un órgano que garantice la «paz y la tranquilidad del país». «Ahora viene el proceso de las tres leyes específicas y nuestra oficina va, no solo a acompañar el proceso de las leyes, también el proceso de educación, formación, porque creemos que lo que es clave en cualquier institución, más allá de como esté conformada y quiénes la dirigen, es el modelo. Cómo se enfrenta la situación de seguridad, garantizando los derechos humanos», adelantó la alta comisionada desde la tribuna del Senado en una sesión especial este lunes.

Desde hace años, México vive la época más sangrienta de su historia, con los índices de homicidios más altos desde que se tengan registros: con 78 personas asesinadas al día, según las últimas cifras presentadas por el Gobierno federal sobre los tres primeros meses de este año. Unos datos que varían según el órgano que los presente, pues la Secretaría de Gobernación (Interior), en su conteo mensual, tiene registrados 8.363 homicidios entre enero y febrero, más de 94 al día. Un país que cuenta también con más de 40.000 desaparecidos, 26.000 cuerpos sin identificar y más de 1.100 fosas clandestinas.

El presidente mexicano ha aprovechado la visita de Bachelet para defender de nuevo su propuesta de seguridad con la creación de este órgano, que estará integrado principalmente por las Fuerzas Armadas: Ejército y Marina (220.000 soldados y 40.000 marinos). Y con un número minoritario de agentes de la Policía Federal (10.000 agentes «efectivos»). Un cuerpo de seguridad que ha recibido críticas por el peso que tendrán los militares, especialmente si lo dirige finalmente un militar en activo, pues el Ejército ha sido acusado en reiteradas ocasiones por violaciones a los derechos humanos: tortura, secuestro, desaparición y ejecuciones arbitrarias. «Cuando se habla del Ejército siempre se produce inquietud. Pero es importante subrayar que cuando no ha actuado de manera correcta, cuando se ha desviado, ha sido por instrucciones de la autoridad civil», ha defendido López Obrador en su intervención.

El caso Ayotzinapa, la creación de la Guardia Nacional y los desaparecidos de Coahuila han sido algunos de los temas por los que la alta comisionada se ha interesado en su viaje a México estos días. Este lunes se reunió con el secretario de Exteriores de López Obrador, Marcelo Ebrard, y firmaron un acuerdo para que la ONU proporcione asesoramiento también en el caso de los 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, en el sureño Estado de Guerrero. Bachelet lanzó frente a los padres de los 43 y funcionarios «un llamado a todos a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible». El domingo visitó también a un grupo de organizaciones de víctimas de desaparecidos en Saltillo, Coahuila (norte del país), uno de los Estados más sacudidos por el terror de la narcoviolencia.

«Prácticas como tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos», añadió Bachelet, quien fue víctima de tortura junto a su madre durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). El apoyo de la ONU a la formación de la Guardia Nacional supone un compromiso del Gobierno mexicano a que los crímenes perpetrados hasta ahora por las fuerzas de seguridad contra civiles no vuelvan a repetirse. Pero muchas organizaciones, contrarias a la implementación de este nuevo cuerpo con preponderancia del Ejército, siguen mostrándose escépticas sobre si lograrán evitarlo.