La Comisión de Fiscalización y Control Político aprobó el informe por el cual recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional proceda con político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno, así como su censura y destitución, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.

El juicio político es auspiciado por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.

Se registraron, a más de los nueve votos afirmativos, el pronunciamiento en contra de Franco Romero y la abstención de Noralma Zambrano.

La mesa acoge únicamente dos de las causales establecidas por los interpelantes que configuran el incumplimiento de funciones, pues se deja a salvo su responsabilidad por la tardía convocatoria al Comité Interinstitucional de Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, ya que no es parte de sus competencias como Ministra de Gobierno.

Conforme lo expuesto, el informe concluye que, del análisis de las pruebas de cargo y de descargo, se comprueba que, durante el paro de octubre de 2019, la Policía Nacional sí utilizó bombas caducadas para el control de las manifestaciones.

El organismo determina que, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 64 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), la Ministra de Gobierno incumplió sus funciones al permitir la transgresión de lo previsto en el numeral 6 del artículo 121 de la norma invocada: Disponer, con conocimiento, la utilización de equipamiento de dotación y demás materiales que se encuentren en mal estado o caducados.”

Los interpelantes presentaron los testimonios de dos investigadores extranjeros, quienes en entrevistas en medios digitales y en videos exponen que las bombas, luego de su fecha de caducidad, independientemente de su almacenamiento, sufrirían cambios químicos que las convertirían en “armas letales”, tanto para los manifestantes como para los miembros de la Policía Nacional.

También se expuso sobre el lanzamiento de bombas hacia los predios de las universidades Católica de Quito y Politécnica Salesiana, que independiente de cómo se califique el rol que cumplían en ese momento las dos universidades, constituyó un atentado a la integridad y a la vida de grupos vulnerables.

Por tanto, el informe concluye que hay los indicios suficientes para recomendar el juicio político a la Ministra, pues como rectora de la Policía Nacional, de conformidad con lo determinado en los artículos 63 y 64 del Coescop, incumplió con normas establecidas en la Constitución de la República y con principios de la Convención Americana de Derechos Humanos.