Quizá sin quererlo, las Fuerzas Armadas ocupan el centro del debate político en México. Su labor presente y futura. El andamiaje legal que podría consolidar su papel preponderante en el campo de la seguridad pública y los límites de su poder. Un debate fundamental para el futuro del país que agarra fuerza a apenas dos semanas de la toma de posesión del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Este jueves, la Suprema Corte de Justicia ha decidido que la Ley de Seguridad Interior, proyecto del Gobierno saliente, es inconstitucional. De manera sintética, la norma, aprobada a toda velocidad por el Congreso a finales del año pasado, perpetúa el papel policial del Ejército. El Alto Tribunal ha concluido que el espíritu de la ley choca con la norma fundamental del Estado. Y no solo su espíritu, también la forma en que la aprobó el Congreso, entonces en manos del PRI, partido del actual presidente, Enrique Peña Nieto.
Son dos los puntos principales de la ley ahora denostados por los ministros de la corte. Primero, que la norma volvía permanente y por tanto normal la presencia del Ejército en las calles, fungiendo de policías. Segundo, que era ambigua en el uso de la fuerza. El contenido del texto dejaba demasiado abierto a la interpretación el empleo justo y proporcionado de la fuerza.
La decisión de la corte se produce horas después de que López Obrador presentara la estrategia de seguridad de su Gobierno. El miércoles, el futuro presidente anunció una serie de medidas a implementar a partir del 1 de diciembre. Destaca la creación de la Guardia Nacional, una fuerza militar que absorberá a la Policía Federal y que dependerá orgánicamente de la Secretaría de la Defensa. Para ello, el Congreso, en manos de Morena desde septiembre, impulsará una reforma de la Constitución que permitiría a un cuerpo castrense liderar «la prevención del delito y la preservación de la seguridad pública».
La creación de la Guardia Nacional superaría así en ambición a la reforma que pretendía el Gobierno de Peña Nieto. La propuesta del nuevo presidente trasciende al cambio legislativo, apostando por modificar la Constitución, dejándole a las Fuerzas Armadas el control operativo sobre tareas policiales.
Desde ayer, organizaciones civiles y expertos en políticas de seguridad han mostrado su preocupación por el anuncio de López Obrador, que apela al respeto a los derechos humanos en defensa del nuevo cuerpo. En la noche del miércoles, Ernesto López Portillo, decía por ejemplo: «El presidente electo está imaginando una estructura nacional del control de la seguridad, con los militares al mando de la operación».
Preocupación, principalmente, porque el entrenamiento de los militares es distinto al de los policías. Siendo los primeros expertos en combate y estando los segundos, en teoría, atados a la prevención. Prueba de lo anterior es la cantidad de señalamientos que ha recibido el Ejército estos años por parte del ombudsman nacional, por casos de tortura, asesinato y desaparición forzada. Desde 2006, año en que ascendió a la presidencia Felipe Calderón, el uso policial de los militares ha sido creciente. López Portillo decía este miércoles que no hay pruebas de que la presencia militar haya implicado una mejoría de los índices delictivos.
Este jueves, Alejandro Hope se refería a otro de los puntos que mencionó el miércoles López Obrador, la cercanía de la Guardia Nacional a cuerpos de seguridad de otros países, como la gendarmería francesa o la guardia civil española. Dice Hope: «En sus orígenes, esos cuerpos intermedios estaban ubicados en los ministerios de Defensa, pero de manera creciente se han venido transfiriendo a los ministerios del Interior. Hay otra diferencia fundamental: en los países donde existen este tipo de cuerpos, hay un fuerte control civil sobre las Fuerzas Armadas. El titular del Ministerio de Defensa es civil y hay un amplio personal civil en esos ministerios».
En el caso de México, sería un general, responsable de la secretaría de la Defensa, el mando operativo de la Guardia Nacional. El mando operativo del principal cuerpo policial.
Eunice Rendón, experta en políticas de seguridad, explica: «López Obrador dijo que nunca permitirá que se violen los derechos humanos. Aunque claro, es una fuerza que se da a cualquier presidente después de él, vía la constitución. Y además le estás dando mucho poder al Ejército. Lo ideal es que la Guardia Nacional dependiera de la secretaría de Seguridad Pública, órgano civil. Pero bueno, si ya decidieron, el único margen es la formación de los integrantes de la Guardia. Hay que pensar bien en la formación. No debe ser desde el ámbito militar. Hablaban de un ejemplo, el de Francia, que tiene un concepto de cercanía, proximidad a la población. Debe ir por ahí».
Rendón señala que el nuevo Gobierno debe tener en cuenta la decisión de la Suprema Corte. «Los ministros han analizado a profundidad la ley y destacan varios puntos, como el de la presencia permanente del Ejército en las calles. No me queda claro cómo va a cambiar su estrategia López Obrador, si son los militares los que van a estar en la calle. El secreto va a estar en los detalles, en la forma de operar. Es importante saber el detalle y ahí es seguramente donde está el margen».
