En un fallo histórico, un juez de Oklahoma ha ordenado este lunes a Johnson & Johnson a pagar 572 millones de dólares (515 millones de euros) por su responsabilidad en la crisis de los opioides, que han cobrado miles de vidas en el Estado en la última década. Este es el primer caso estatal por opioides que llega a juicio, por lo que la decisión del magistrado del condenado Cleveland, Thad Balkman, es vista como un precedente para los cerca de 2.000 demandantes -ciudades y condados- que presentaron una demanda colectiva ante un juez federal en Ohio. Además, 40 Estados están liderando batallas legales similares. El gigante farmacéutico negó haber actuado mal y adelantó que apelará el fallo.

«Hemos demostrado que J&J fue la causa principal de esta crisis de opioides», dijo Brad Beckworth, el abogado principal de Oklahoma. “Ganó miles de millones de dólares en un período de 20 años. Siempre han negado la responsabilidad y, al mismo tiempo, dicen que quieren marcar la diferencia para resolver este problema. Así que hagan lo correcto: paguen la multa”, agregó. Más de 6.000 ciudadanos de Oklahoma han muerto por sobredosis de analgésicos desde el 2000. En los documentos judiciales el Estado sostuvo que el número de recetas de opioides dispensados por las farmacias llegó a 479 cada hora en 2017.

En la demanda presentada en 2017 por el fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, acusó que las compañías farmacéuticas y sus subsidiarias (J&J, Purdue Pharma y Teva) causaron un “perjuicio público” al lanzar una campaña de márquetin agresiva y engañosa que exageraba la efectividad de los medicamentos para tratar el dolor crónico y subestimaba el riesgo de adicción. Hunter apuntó a J&J como la compañía “líder” del engaño, que actuó motivada por “la codicia”. La millonaria multa que deberá pagar la farmacéutica será destinada a ayudar a disminuir el problema en los próximos años.

Las otras dos compañías farmacéuticas, Purdue Pharma y Teva, llegaron a acuerdos extrajudiciales con las autoridades locales en mayo, por un valor de 270 millones de dólares y 85 millones, respectivamente.

Pero J&J no abandonará la batalla legal. Los abogados de la compañía han sostenido que forman parte de una industria legal y altamente regulada, sujeta a una estricta supervisión federal, incluida la Agencia de Control de Drogas de EE UU y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). El abogado principal, Larry Ottaway, dijo durante los argumentos finales del juicio de siete semanas que los medicamentos opioides satisfacen una necesidad: abordar el dolor crónico que afecta a miles de residentes de Oklahoma todos los días. Más de 400.000 personas han muerto por sobredosis de analgésicos, heroína y fentanilo ilegal desde 1999.