Tlaxcala es el Estado más pequeño de México. Los apenas 20.000 habitantes del centro de la capital son, por ejemplo, la mitad de la muchedumbre que vive en la colonia La Roma. O una quinta parte de los habitantes de Coyoacán. Si todos los trabajadores de la Secretaría de Cultura –la tercera dependencia federal en tamaño– aterrizaran de golpe en la ciudad, por sus calles empedradas de aire neocolonial habría más funcionarios que vecinos.

De momento, el traslado está siendo lento y progresivo. A dos horas en coche desde Ciudad de México, desde la inauguración hace un par de semanas, tan solo la secretaria Alejandra Frausto y su equipo más cercano se desplazan dos o tres días por semana a la nueva sede. “El objetivo es pasar cada vez más tiempo aquí. Siempre habrá alguien en Tlaxcala y, de manera paulatina, todas las áreas de la Secretaría han de poner un pie aquí”, señaló Frausto este jueves durante un encuentro con periodistas, que completó su agenda del día con reuniones con un funcionario de la Secretaría de Transporte, una la subsecretaría del ramo, una senadora tlaxcalteca y la nueva directora del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

El movimiento de Cultura da el pistoletazo de salida al proceso de descentralización administrativa marcado por el Gobierno de López Obrador. Un plan criticado de inicio por los sindicatos y envuelto en crecientes dudas sobre el coste y la logística que supondría descongestionar por los 32 Estados de la República un sistema tan proverbialmente centralista como el mexicano. El número de trabajadores de las Administraciones Públicas alcanzó los 4,2 millones en 2016, según las últimas cifras disponibles. Casi la mitad de ese número son funcionarios federales y radican en la capital.

Cuando se anunció la mudanza, en octubre, varios sindicatos de Cultura realizaron plantones exigiendo más información. Desde entonces, se han mantenido en silencio, mientras fuentes de la Secretaría se han afanado en recalcar que, de momento, no se llevará a cabo ningún traslado de personal. De acuerdo con un documento consultivo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de la planeación del programa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, cada Secretaría debería haber abierto desde principios de diciembre una consulta con sus trabajadores.

Para finales de febrero deberían estar listos unos cuestionarios para sondear su situación y disponibilidad para el traslado, así como un estudio de la capacidad de recepción por parte de las ciudades de destino. “La llegada de nuevas familias –apunta el informe– significa que se requerirán viviendas, escuelas, hospitales, espacios públicos, entre otros, para que el movimiento sea atractivo desde el punto de vista del trabajador y su familia”.

El plan de acogida también incluye como recomendaciones una batería de ayudas y estímulos al traslado: créditos para el acceso a la vivienda, becas escolares para los hijos, bonos de compensación o seguro de desempleo para el cónyuge. A poco más de un mes para que venza el plazo marcado por la Sedatu, sólo Cultura ha inaugurado una nueva sede y comenzado a diseminar tímidamente su equipo. Reconocen que la fase de consultas se prolongará al menos hasta abril. Y que, de momento, tan solo algún cargo de confianza está barajando mudarse a Tlaxcala.

“En todo el año no habrá traslados de trabajadores”, afirma Jorge Izag, secretario general del Sindicato Nacional de Cultura (Sinac), tras una reunión con el responsable de administración y finanzas de la secretaría. Sobre los cuestionarios reconoce que ya se han puesto en marcha, pero que los resultados irán para largo. Mientras tanto, el plan de Cultura pasa por la contratación de trabajadores de la propia Tlaxcala.

Otro punto que recalca el documento de la Sedatu es que “se requerirá un análisis costo-beneficio de la propuesta de descentralización que muestre los beneficios sociales de llevar a cabo la propuesta”. La nueva sede de Cultura, que se añade a las otras dos oficinas –Reforma y Arenal– donde despacha la secretaria, es un palacete de los años 30, utilizado hasta ahora como centro cultural y que ha sido cedido por el Gobierno estatal. De momento, calculan el gasto de manutención del edificio en 900.000 pesos anuales (más de 47.000 dólares). A la vez, están haciendo una batida del coste en oficinas alquiladas en la Ciudad de México. Sólo el edificio de Reforma ronda los 60 millones de pesos (los 3,15 millones de dólares).

A menos de un mes de la inauguración, los únicos departamentos que atienden diariamente en la nueva sede son Comunicación y Atención Ciudadana, donde ya están recibiendo solicitudes de trabajo por parte de habitantes de Tlaxcala. Sin dar plazos ni una cifra concreta del personal, Frausto asegura que el edificio –con aforo para 120 personas– pronto estará completo. Está previsto el desembarco de los 45 funcionarios de la delegación estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), un taller de cultura digital destinado a jóvenes de la ciudad, una oficina para el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), otra para el INBA y otra para el programa de cultura comunitaria, un proyecto de intervención en zonas rurales y deprimidas que se desplegará por 720 municipios del país.

“Más que una distribución de oficinas, el objetivo es acercar la Administración a zonas alejadas y detonar con nuestra presencia posibilidades de empleo y fortalecimiento de la comunidad”, subrayó Frausto en línea con la justificación simbólica y social que esgrimió López Obrador cuando anunció el plan de descentralización. De fondo, resuena otro de los apartados del informe rector del programa: “No será un proceso de corto, sino de mediano y largo plazo. No descartar que, aún al final de la administración, un porcentaje importante de servidores públicos continúe en la Ciudad de México en la mayoría de las dependencias”.