La emisión de carnets de discapacidad ilegales es un entramado que la Fiscalía General del Estado investiga. La anulación de los 2.454 carnets, emitidos en el inicio de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, se encuentra en observación, después de verificar que diferentes figuras públicas mantienen este documento para obtener los beneficios del Estado.

Bajo análisis se encuentran 22 profesionales de la salud encargados de la emisión de documentos, quienes han emitido alrededor de 30.000 documentos entre marzo y junio. La Contraloría General del Estado investiga un total de 2.283 certificados de salud en los que constan diferentes irregularidades.

Según la base de datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacitados (CONADIS), se han registrado un total de 481.392 personas con algún tipo de discapacidad visual, intelectual o física, aludiendo que en el Ecuador existen más personas con discapacidad.

Al momento ninguna persona puede realizar el proceso para autorizar el uso del carnet de discapacidad, ni realizar recalificaciones debido a que el sistema se mantiene bloqueado hasta culminar el proceso de investigaciones. El MSP mantiene un total de 57 auditorías impulsadas por la Contraloría por el caso de carnets ilegales. (DC)