La policía británica ha decidido no tramitar por ahora la orden de detención europea emitida por el juez Pablo Llarena contra la exconsejera de Educación de la Generalitat, Clara Ponsatí. En un documento remitido a la Unidad de Oficina de Sirene (Sistema de Petición de Información Suplementaria), dependiente del Ministerio del Interior español, se justificó el freno a la euroorden porque la petición es «desproporcionada», tal y como consta en el documento oficial.

Pese a los documentos oficiales, a última hora de la tarde, Moncloa asegura en un comunicado que esa expresión salió directamente del departamento policial, y no de la National Crime Agency. «Sirene ha transmitido a las autoridades policiales españolas que es necesario aportar información complementaria en relación con la eurorden emitida para cursar la detención y entrega de la Señora Clara Ponsati. Pero al hacerlo, han aludido a una calificación como de petición ‘desproporcionada’, expresión que en ningún momento había empleado la National Crime Agency. Y por ello ya han informado del error a nuestra embajada, de manera que la solicitud cursada sigue pendiente de ser admitida».

Llarena había decidido activar este martes la orden contra Ponsatí, que se encuentra fugada en Escocia (Reino Unido), por un delito de sedición. Las autoridades británicas consideran que el delito, que en la legislación del Reino Unido también se considera un delito contra el orden público, no guarda la misma proporción punitiva en ambas jurisdicciones.

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, en sus siglas en inglés) del Reino Unido reclama a las autoridades españolas que «hagan llegar información sobre el historial delictivo de Ponsatí, o cualquier otra información relativa a la gravedad de la infracción». Este departamento del Gobierno, que a todos los efectos cumple la función de oficina del Sirene en el país, explica en el documento remitido al Ministerio del Interior que un abogado británico especialista en derecho penal internacional ha revisado la euroorden emitida por Llarena y «ha determinado que se trata de una petición desproporcionada de acuerdo con la legislación del Reino Unido».

Llama la atención el hecho de que, en un proceso cuyo cauce es la comunicación directa de juez a juez, haya decidido intervenir la autoridad policial británica. Sin embargo, la legislación del Reino Unido establece que la autorización previa de la NCA en la tramitación de una euroorden es preceptiva. «Actúa como la puerta legal entre las autoridades que solicitan la detención y aquellas que la llevan a cabo», explica este organismo. Su evaluación previa, sin embargo, no suele entrar en la profundidad reflejada en este caso. Comprueba si el delito por el que se persigue al sujeto se corresponde automáticamente con el tipo penal de su propia legislación o existen matices diferenciales. Sin embargo, reformas recientes en la Ley de Extradición de 2003 (el Reino Unido no traspuso directamente la legislación comunitaria en materia de euroórdenes, sino que elaboró una ley nacional) han añadido el criterio de la «proporcionalidad» en el proceso previo de valoración. En su artículo 2.7A dispone que la Agencia Nacional del Crimen puede decidir rechazar el certificado previo del inicio del procedimiento «si está claro que el juez correspondiente debería dejar en libertad al sujeto requerido sobre la base de que la extradición sería desproporcionada». Las autoridades judiciales británicas emitieron en su momento una guía de principios generales sobre la que la NCA basa sus decisiones. Es el llamado «test de la proporcionaliad», y sus criterios tienen un alcance restrictivo. Se pretendía de este modo evitar un abuso del sistema con un aluvión de órdenes de detención por delitos menores. Se basa en tres principios: la gravedad del delito, la pena que será previsiblemente impuesta y la existencia de una alternativa menos coercitiva que la detención (por ejemplo, libertad vigilada o incluso que sea juzgado el acusado por tribunales británicos).

El abogado de Ponsatí, que tenía intención de hacer entrega de su cliente este mismo jueves, ha anunciado que retrasará al menos una semana esa decisión. «Hay contradicciones flagrantes en una orden de detención muy dispersa que se extiende hasta 59 páginas, y que salta de la rebelión a la sedición. Solo hace mención a la señora Ponsatí en dos páginas, y la acusa de sedición sin especificar con claridad su papel», ha dicho Aamer Anwar.

La decisión de las autoridades británicas coincide con el comienzo de una campaña electoral en el Reino Unido que durará hasta el 12 de diciembre, en la que el Partido Conservador en el poder teme una gran pérdida de escaños en Escocia, a favor del Partido Nacionalista Escocés. Los medios británicos han sido especialmente beligerantes con la sentencia del procés, y ya había preparadas protestas en territorio escocés contra la entrega de la exconsejera.

La respuesta de la NCA ha llegado a España este miércoles, precisamente cuando la directora general de este organismo británico, Lynne Owens, policía de profesión, impartía en Toledo una charla a policías españoles sobre igualdad de género, dentro de una conferencia internacional igualdad de género en el ámbito de la seguridad. Owens incluso ha saludado al rey Felipe VI a su llegada al acto.