La investigación sobre el asesinato del activista mexicano Samir Flores ha tropezado con una cartulina. Diez días después de su muerte, todavía no hay detenidos y se mantienen dos hipótesis enfrentadas: la que vincula el suceso al crimen organizado y la que lo relaciona a su activismo contra la puesta en marcha de una central termoeléctrica. La Fiscalía del Estado de Morelos ha dado más validez a la primera, mientras organizaciones de activistas y familiares defienden la segunda. En el centro de la polémica hay una cartulina, de origen y paradero incierto, en la que un grupo criminal se atribuye el asesinato.

El miércoles, día del homicidio, la Fiscalía reportó la existencia de una cartulina azul en el lugar del crimen, con el siguiente mensaje en letras negras: “X Puto Chismoso. Denunciaste Abraham Ocampo y sigues tu Michoacano con tu pendeja banda. Atte. Comando Tlahica”. El Ministero Público utilizó ese mensaje para apoyar la tesis del asesinato por parte de una banda criminal. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua (FPDTA), organización a la que pertenecía Samir Flores, sigue negando la existencia de tal nota y ha acusado a las autoridades de “inventársela” para desviar la atención de los verdaderos culpables.

Tras más de una semana de dudas, las autoridades estatales salieron el jueves a reafirmar que la cartulina sí existe, pero que la familia no quiso entregarla a las autoridades para evitar dar peso a la hipótesis del crimen organizado. Según la versión oficial, la Policía recibió el aviso de un herido de bala a las 5.45 de la madrugada del miércoles 20 de febrero. Una patrulla se acercó entonces a la casa de Samir Flores en Amilcingo, un modesto edificio de dos plantas al que se accede por un camino de tierra. Allí, a unos veinte metros de la entrada, acababan de disparar cuatro tiros al activista, dos de ellos en la cabeza.

Al llegar, los dos agentes escucharon a gente “rumorear” sobre “una cartulina con un mensaje”, según sus declaraciones ante el Ministerio Público. Le preguntaron al padre sobre la existencia de la nota y este lo negó en un primer momento. Pero, al poco rato, se retractó: condujo a los agentes a un lugar, detrás de un árbol, donde la había escondido. Los policías se percataron de que estaba manchada de sangre en ambos lados y le pidieron que se la diera. Ante la negativa del padre, uno de los agentes le tomó una fotografía con su celular.

Cuando los peritos forenses llegaron al lugar en busca de indicios, le volvieron a pedir la cartulina al padre y él se negó de nuevo: “No quiero que esa información sirva para burlarse del asesinato”, les dijo, según recoge la versión oficial. Pese a estar amparados para llevársela como indicio criminal, los peritos y la Policía al parecer se resignaron ante esa segunda negativa y desistieron.

El fiscal del Estado, Uriel Carmona, se dirigió el jueves a la familia, que ni ha confirmado ni desmentido tener la cartulina, para que la entregue y sea incorporada a la carpeta de investigación. Samantha César Vargas, compañera de Flores en el FPDTA, rechaza estos señalamientos. “Nos preocupa que incrementen la vulnerabilidad de la familia”, dice

Con o sin cartulina, persisten las dudas sobre la hipótesis del crimen organizado, la preferida por la Fiscalía. A mediados de enero, la Policía detuvo a siete miembros del autodenominado Comando Tlahuica, la banda que supuestamente firmó la cartulina, y el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortíz, dio al grupo por “finiquitado”, como él mismo reconoció este jueves. Sin embargo, el funcionario especuló que puede tratarse de una «nueva célula» o de alguien que esté utilizando el nombre de la banda. En cualquier caso, la firma que aparece en la cartulina contiene un error ortográfico: dice “Tlahica”, en vez de “Tlahuica”, el verdadero nombre.

Personas allegadas al activista afirman desconocer al Comando Tlahuica o a Abraham Ocampo, la persona a quien supuestamente denunció Flores según el mensaje. El día después del asesinato, sus compañeros de la radio comunitaria de Amilcingo aseguraron a este periódico que no recordaban que Flores hubiese arremetido contra el Comando u Ocampo, un recluso que lleva internado varios meses en una cárcel de la zona acusado de secuestro. En cambio, sí había criticado abiertamente la central termoeléctrica, sobre la que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador iba a consultar unos días después a la población.

La insistencia con que la Fiscalía ha defendido la hipótesis del crimen organizado ha sido criticada por la oficina de la ONU en México por desechar demasiado rápido la posibilidad de que el asesinato estuviese vinculado al activismo de Flores en contra de la termoeléctrica. Este jueves, el fiscal del Estado dio marcha atrás y aseguró no estar “para nada cerrado” a ninguna hipótesis. Ya han llamado a declarar a Humberto Sandoval, un líder sindical y cacique de Amilcingo al que los compañeros de Flores han vinculado a un “grupo de choque”, supuestamente creado para amedrentar a los opositores de la termoeléctrica. Para Vargas, del FPDTA, la ampliación de la investigación es “un avance”.

Aunque todavía no hay detenidos, las autoridades contemplan la “presunción” de que los criminales conocieran a Flores y su rutina. Los asesinos, tres o cuatro de acuerdo con la Fiscalía, llegaron poco antes de que el activista emprendiera su camino habitual hacia la radio comunitaria. Según declararon los padres, Flores saludó a una persona y caminó con ella unos metros antes de ser tiroteado a quemarropa. Los asesinos se subieron entonces a un vehículo negro y desaparecieron antes de que despuntara el alba.