«Aquí es donde se empiezan a destruir los sueños», dice Rodny Pérez, un migrante guatemalteco de 23 años, y señala el muro que está a sus espaldas y que divide a México de Estados Unidos. «No sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar, no confiamos en nadie». En cada frase hay un dejo de frustración, dudas y sentimientos encontrados. Después de atravesar más de 4.500 kilómetros desde Centroamérica, tras más de un mes con la obsesión de llegar a Tijuana, están a las puertas de la tierra prometida. Pero la entrada del «sueño americano» está resguardada por barrotes, concertinas y soldados con armas largas. ¿Qué sigue? Esa es la pregunta que invade a los miles de migrantes que han llegado en los últimos días y que podrían quedarse varados en un limbo migratorio durante meses. Entre opciones legales e ilegales. Entre apuestas conservadoras y arriesgadas. Entre dos países.

«Desde los ocho años mi sueño es llegar a Estados Unidos», cuenta José Manuel Hernández, un guatemalteco de 20 años. Su hermano mayor vive en Los Ángeles desde hace 12 años. Otro hermano suyo estuvo cinco años en California. «El que llega y cruza es exitoso, el que cruza una vez ya sabe cómo hacerlo las siguientes veces, carnal«, dice Hernández sobre cómo es crecer en una familia de emigrantes y por qué no quiso contar a nadie cuando se unió a la caravana. El fracaso marcaría su vida. «No hay plan b, voy a pasar sin papeles», resume Hernández mientras viaja en uno de los autobuses que emprendieron un viaje maratónico por el desierto de Sonora, en el norte de México, y llegaron esta semana a Tijuana. Se calcula que ya hay 3.500 centroamericanos y que pueden arribar hasta 9.000 migrantes, según el Ayuntamiento de Tijuana.

El cruce irregular es una opción más popular entre hombres jóvenes que tienen familiares del otro lado del muro y que se identifican como migrantes económicos. Hay que eludir a la patrulla fronteriza, atravesar el desierto, esconderse en las montañas, descifrar una frontera vigilada. Es un camino sumamente peligroso, desgastante en lo físico y, si son atrapados, se terminaría cualquier oportunidad de solicitar asilo o refugio. Donald Trump ha emitido un decreto a principios de mes que ha endurecido los procesos para quienes buscan protección y en suelo estadounidense aún se alimenta a cuentagotas la idea de una invasión con vídeos de cámaras de seguridad en los que migrantes anónimos sacuden tímidamente la alambrada que se acaba de instalar.

«Ves el muro y pierdes la esperanza, pero esperamos que haya un arreglo con las autoridades», comenta Abelardo Mercado, un hondureño de 23 años, mientras clava la mirada en la zona de Playas de Tijuana, donde el muro se extiende varios metros océano adentro. Mercado prefiere esperar antes de decidir. Consiguió un trabajo temporal como lavaplatos en una pizzería para ganar un poco de dinero que le ayude a sobrevivir en los próximos días.

La leyenda de Tijuana como una ciudad de migrantes y con empleos bien pagados seduce a muchos centroamericanos. «Aquí hay trabajo», dice en pocas palabras Gustavo Canales, un hondureño que ha vivido ocho años en México. «Si me preguntaran a mí, les diría mil veces que se quedaran aquí», explica Canales: «En Estados Unidos vives como un perro, tienes que estarte escondiendo, aquí estás mucho más tranquilo».

«Mi familia cree que lo mejor es que me entregue en Estados Unidos para buscar asilo, pero los abogados que me han asesorado dicen que no tengo un caso sólido», dice Katherine Sigarán, una salvadoreña de 22 años, que viaja sola y que se ha refugiado en el deportivo Benito Juárez, el mayor albergue de Tijuana, también a unos metros del muro fronterizo. El proceso en Estados Unidos empieza con una entrevista de miedo creíble, en la que las personas tienen que detallar por qué huyen y que su vida corre peligro. El asilo es, por definición, político y el mayor reto es argumentar que algún grupo o, sobre todo, alguna autoridad los amenaza de forma concreta. La miseria y la violencia, en términos abstractos, no suelen ser suficientes.

Antes de que empiece el proceso, cientos de personas se arremolinan en el puente fronterizo de El Chaparral, donde se forma una larga fila en territorio mexicano. Una persona muestra un pasaporte nicaragüense, se lo da a un voluntario que anota sus datos en un cuaderno y otra voluntaria le da un turno escrito sobre un pequeño pedazo de papel. «¡1427! En dos semanas puede venir a consultar». La frase se repite una y otra vez. Diez veces para ser precisos.

Así funciona la lista que ordena los turnos para solicitar asilo en Estados Unidos. Es un acuerdo informal entre autoridades de ambos lados de la frontera, que es gestionado por los propios solicitantes, los llamados voluntarios. Cada número representa a 10 solicitantes. Cada día se da trámite a hasta nueve números, estos últimos dos días solo han pasado tres números, unas 30 personas. «La llegada de la caravana ha desbordado el sistema, hace unos días se anotaban 200 personas, hoy son 400, 500», señala Gibelis Soto, una voluntaria venezolana. Todo parece discrecional: los criterios para definir el número de solicitudes que se procesan, la transparencia de quién es el próximo en la lista, el derecho de priorizar algunas solicitudes.

«Llevamos más de un mes esperando», lamenta George, un solicitante camerunés. Hay gente de México y de todo el mundo. Está previsto que los tiempos de espera se prolonguen aún más y no es ni siquiera el inicio formal del proceso. A quienes se rechaza se les deporta a sus países. Trump ha fijado para este año el número de acogida en 30.000 lugares, el mínimo histórico. Desde 2013, el número de solicitudes en la frontera sur de Estados Unidos ha aumentado un 2.000%, de acuerdo con cifras oficiales. En México, no hay muchas más opciones. Las solicitudes de asilo y refugio se incrementaron más de un 1.000% en los últimos cinco años y nueve de cada diez vinieron de Centroamérica, según el Gobierno. Es un sistema saturado y restringido.

«¡¿Quién quiere ir a Japón, quién quiere ir a Canadá, quién quiere ir a los países nórdicos?!», pregunta Irineo Mujica, uno de los principales activistas de Pueblos sin Fronteras (PSF), los coordinadores del éxodo. Mujica, parado en un templete, apela a la asamblea que se ha convocado en el albergue Benito Juárez y que se emociona ante cada puerta que parece abrirse, incluso a miles de kilómetros de donde se encuentran. Hasta ahora, no hay ofertas concretas.

«Se están analizando otras opciones más allá de México y Estados Unidos, pero hasta ahora no hay nada concreto», señala Gina Garibo, coordinadora de proyectos de PSF. «Es probable que si hay buena disposición de las autoridades, esto se resuelva en dos o tres meses, pero no lo sabemos», comenta Garibo. El Gobierno de Tijuana, que se dice víctima de un «tsunami» migratorio, calcula que se desahogue en mínimo seis meses, lo que ha crispado las tensiones entre la población local. PSF se ha acercado a las autoridades para ver la posibilidad de empleo formal para los migrantes, hay un ofrecimiento de miles de plazas que no se ha oficializado por parte del Gobierno.

«El hecho de que haya muchas o pocas caravanas en el futuro depende de sí pasamos», dice Merlín Hernández, un hondureño de 26 años. «Los demás nos están viendo», bromea Hernández. «Será un reto en el futuro», opina el internacionalista Andrew Selee. «¿México es el país que deporta más migrantes que Estados Unidos o es el país que deja pasar a la caravana de migrantes por su territorio?», se pregunta Selee. «En realidad, no lo sabemos y esa ausencia de política migratoria pasará factura al Estado mexicano», apunta el académico: «No será la primera ni la última caravana».

En el camino reaparecen rostros conocidos. Manuel Beras y José Hernández aseguran que buscarán regularizar su situación migratoria y que buscarán trabajo en México. Carlos López analiza una oferta laboral en Tijuana. Sergio Cáceres buscará ayuda en Estados Unidos para una cirugía de columna que le ayude a dejar su silla de ruedas. Léster Mendoza esperará unas semanas a que se aclare el panorama. El éxodo centroamericano ya no camina, ni viaja a jalón ni aborda buses hacia el Norte, es una crisis humanitaria que se ha aparcado en Tijuana ante el cierre de las vías legales e irregulares: con procesos de asilo empantanados, fronteras selladas y con el miedo de volver sin que el sacrificio haya merecido la pena. «Vamos a ver qué pasa, a veces no se hacen realidad los sueños en un lugar, pero se cumplen otro lado», dice el guatemalteco Pérez, a unos pasos de Estados Unidos.