La cúpula de los Mossos d’Esquadra se ha conjurado para no admitir ninguna injerencia del Govern en la gestión de la seguridad en Cataluña. La inestabilidad en el Departamento de Interior —acentuada con la dimisión de Andreu Martínez, cuarto director de policía en apenas dos años— no ha hecho más que reforzar la convicción de los mandos de que deben ajustarse solo a criterios operativos y no permitir directrices políticas. Los Mossos protegen su autonomía ante un otoño que auguran complicado por las movilizaciones —alentadas por el Govern— previstas contra la sentencia del procés.

Los mandos policiales quieren evitar a toda costa los errores del pasado. Hace dos años, ante el 1-O, la cúpula mantuvo cierta ambigüedad entre la lealtad a los mandos políticos de la Generalitat y el deber de cumplir las órdenes de jueces y fiscales. La gestión del referéndum provocó un seísmo en la policía catalana: agentes investigados por pasividad frente a los colegios electorales; descrédito institucional; y el máximo responsable del cuerpo, el major Josep Lluís Trapero, llevado a juicio por rebelión.

“Todos hemos aprendido la lección”, explica un alto mando de los Mossos, consciente de que están, una vez más, en el punto de mira ante el “otoño caliente” por la sentencia. Ya alertó de ello, en junio, Eduard Sallent, recién designado jefe de los Mossos: “El futuro nos pondrá a prueba. Serán muchos ojos que nos observarán”, dijo en un acto público con el consejero de Interior Miquel Buch.

Sallent recordó este lunes, en una reunión operativa con los mandos, que actúan como “policía judicial” y deben, por tanto, cumplir las órdenes de fiscales y jueces. De pasado independentista pero con un perfil técnico, Sallent reivindicó la plena autonomía de la policía catalana sobre el orden público. Detalló, además, los escenarios previstos para este otoño y el dispositivo de seguridad que ya está en marcha, y que incluye a todos los efectivos de la Brigada Móvil (antidisturbios).

La relación entre los mandos políticos y operativos de los Mossos nunca ha sido fácil. Menos aún durante el último año. El president Quim Torra ha sido el primero en criticar públicamente actuaciones policiales contra miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). El 1 de octubre de 2018, los CDR trataron de asaltar el Parlament después de que Torra les instase a “apretar” para hacer efectiva la República. Los Mossos, después de aguantar diversas embestidas, cargaron.

Pero el punto de inflexión llegó el 6 de diciembre. Los Mossos cargaron en Girona y Terrassa (Barcelona) para evitar que grupos de independentistas reventasen actos a favor de la Constitución. Torra avisó de que se investigaría una posible “mala praxis” y de que se implementarían “los cambios necesarios”. Buch también criticó a los suyos: “Hay imágenes que no se ajustan a los principios de policía democrática”.

En la memoria de los mandos permanece el aviso que recibieron después de que los CDR mantuvieran cortada la autopista AP-7 durante 15 horas en otra protesta. La Fiscalía abrió una investigación —que luego cerró— por la supuesta inacción de los Mossos. Días más tarde se celebró el Consejo de Ministros en Barcelona, que culminó con duros enfrentamientos entre Mossos y CDR (13 detenidos, 77 heridos).

“Pase lo que pase en Interior, nosotros a lo nuestro”, resume el mismo mando policial sobre la dimisión de Martínez. “El cuerpo está harto de la inseguridad de los políticos. Esto es un sainete”, afirma el sindicato USPAC. “Al cuerpo no le afecta [la dimisión] porque todos los agentes saben que se está trabajando de forma correcta”, añade Toni Castejón, portavoz del sindicato SAP-Fepol. Fuentes policiales admiten que Martínez casi no interfería en aspectos operativos, pero que recibía una fuerte presión de Presidència para hacerlo. Esa presión ha acabado provocando la salida de un funcionario de carrera que sigue así el breve y tortuoso camino de otros jefes políticos de los Mossos de los últimos tiempos, como Albert Batlle o Pere Soler.