A dos semanas de asumir el cargo, Luisa María Alcalde, la secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Andrés Manuel López Obrador dejó de lado la mal simulada neutralidad de sus antecesores en el cargo y emprendió un cambio radical en la política oficial de salarios mínimos. El viernes pasado despidió a Basilio González, quien había estado a cargo de la infame Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) durante 27 años. Y hoy, solo un día laborable después, dicha Comisión ya aprobó un incremento del salario mínimo federal de 16%.

Ahora, el salario mínimo se sitúa sobre la línea de pobreza alimentaria por primera vez en tres décadas —suponiendo que en una familia tipo trabajan y lo ganan tanto el jefe del hogar como su cónyuge—. Esto es algo que habían pedido desde anteriores funcionarios de la Ciudad de México hasta académicos pasando por organizaciones empresariales y de la sociedad civil. De alguna manera lo exige la constitución mexicana, pero se habían opuesto abiertamente el Banco de México y, veladamente, los secretarios de la Secretaría de Trabajo y Protección Social del PAN y del PRI y los líderes sindicales bajo su control.

El argumento del Banco de México de que los aumentos del salario mínimo impulsarían la inflación dejó de ser creíble hace tiempo. No solo porque las pruebas que el instituto emisor presentó para sostener esa tesis carecían de rigor técnico, sino también porque en la práctica sus predicciones de que los aumentos del salario mínimo de fines de 2016 o fines de 2017 —los primeros por encima de la inflación— tendrían un “efecto faro” (es decir, que el incremento en el salario mínimo causaría aumentos en todo el rango de salarios y, por ende, en la inflación) no se vieron confirmados en los datos.

El alza en el salario base de cotización del IMSS —uno de los indicadores del comportamiento de los salarios en el sector privado— continuó reflejando, en lo principal, solamente la inflación pasada. Y, en términos reales, mantuvo un ritmo de crecimiento muy cercano al promedio de las últimas décadas: una tasa anual de apenas el 0,23%, muy por debajo del ya bajo crecimiento del PIB per cápita (alrededor del 1%). Eso, en las grandes urbes del país y en el sector manufacturero: en las ciudades medianas o en los sectores de bienes no transables y servicios, el aumento del salario base de cotización ni siquiera pudo compensar la mayor inflación —especialmente el año pasado— y el salario real estaba aún cayendo en el tercer trimestre de 2018.

El incremento anunciado hoy, no obstante, respeta ciertos acuerdos alcanzados en el pasado y en los que el Banco de México había tenido su parte importante de influencia. Entre ellos, que el incremento se calcule con dos componentes: a través de un incremento nominal —denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR), de 9.43 pesos— y un segundo, sobre ese valor, que considera el ajuste porcentual inflacionario del 5%. De esta manera, se considera que los aumentos en el salario mínimo no contagiarán las negociaciones salariales en los niveles superiores.

La remoción de Basilio González y la nueva postura militante del Gobierno bastaron para alinear a todos los actores en la dirección del aumento aprobado. A partir de ahora, la política de salarios mínimos será, según la secretaria de Trabajo, uno de los pilares de la política de recuperación de los ingresos y niveles de vida de las familias trabajadoras.

Todo esto era, de alguna manera, esperado. Lo inesperado es que el incremento sea tan diferenciado por regiones: del 100% en la frontera norte. Si bien fue una promesa de campaña de López Obrador, los motivos no están del todo claros y, al menos en parte, pueden responder a compromisos que adquirió México con Estados Unidos y Canadá en las discusiones que derivaron en el actual acuerdo comercial entre los países. Este mayor aumento en el norte constituye una suerte de experimento que permitirá a los académicos estudiar los impactos sobre la inflación y la informalidad laboral de incrementos muy elevados en los salarios mínimos.

Marcelo Delajara es director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y profesor del CIDE