El nuevo Gobierno mexicano canta victoria en uno de los asuntos más espinosos que tiene entre manos. La Secretaría de Hacienda ha afirmado este miércoles haber recibido un «apoyo abrumador» de los inversores a su última oferta de recompra de los bonos que iban a financiar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cancelado por Andrés Manuel López Obrador tras una polémica consulta popular. Las autoridades mexicanas mejoraron la semana pasada su propuesta para hacerse con 1.800 millones de los 6.000 millones de dólares de deuda emitida, después de la negativa inicial de un grupo de bonistas que asegura ser titular del 50% del papel en circulación. El comunicado emitido por el Ejecutivo mexicano, sin embargo, no precisa la cantidad de bonos que se ha logrado recomprar ni qué ocurrirá con el resto de deuda que quede en circulación tras la operación.

«El Mexcat [el fideicomiso público creado para fondear el proyecto] recibió ofertas y el consentimiento de una substancial [sic] mayoría de los tenedores de las notas», subraya Hacienda en un comunicado hecho público este miércoles por la tarde. La dependencia que dirige Carlos Urzúa, auténtica mano derecha de López Obrador en el terreno económico, da por cerrado el caso y «reconoce y agradece la cooperación de la comunidad de inversores internacionales para asegurar el resultado exitoso de esta transacción». «La Secretaría de Hacienda y Crédito Público desea continuar con una relación constructiva, transparente y de beneficio mutuo con todos los actores principales para continuar promoviendo el desarrollo de infraestructura en México», cierra la nota de prensa.

El martes de la semana pasada, el Gobierno mexicano se vio forzado a mejorar su oferta por los bonos del fallido nuevo aeropuerto y se comprometió a repagarlos al mismo valor al que se emitieron, frente al descuento del 10% sobre el valor de emisión que habían ofrecido días antes. Tras el no inicial de un potente ramillete de fondos de inversión titulares de más de la mitad de las obligaciones emitidas, a las autoridades mexicanas no les quedó otra que subir su puja para tratar de que la incertidumbre sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco no tuviese mayores consecuencias para la economía nacional. En el Presupuesto para 2019, presentado el sábado, Urzúa no incluyó ninguna partida para acometer la recompra, que se hará con fondos del propio fideicomiso.

La última oferta incluía el pago de los intereses pendientes y que se acomete íntegramente con dinero público y evidenció las dificultades del Estado mexicano en su intento por arreglar el entuerto del nuevo aeropuerto por la vía pacífica, sin necesidad de acudir a los tribunales, un extremo que quiere evitar a toda costa. Hasta que se encuentre una solución final al diferendo entre el país norteamericano, los inversores y los contratistas —dos negociaciones que marchan en paralelo—, las obras del nuevo aeropuerto seguirán en marcha para, precisamente, evitar cualquier tipo de incumplimiento contractual.