La tarde del lunes 9 de noviembre de 2020, en audiencia de procedimiento abreviado, el juez Marco Rodríguez sentenció a una pena privativa de libertad de cuatro años y 2 meses al exasambleísta Daniel Mendoza, como autor del delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Mientras que a dos años y 10 meses de cárcel fueron sentenciados el exasesor de Mendoza, Jean Carlos Benavides, el exdirector del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob), René Tamayo, y dos personas más. En cambio, a tres años y cuatro meses de prisión fueron sentenciados otros tres acusados.

Además, el Magistrado dispuso, como reparación integral a la víctima (el Estado), el pago de 8 millones de dólares, que se dividirá entre todos los sentenciados en esta causa.

En el fallo también se ordena que Daniel Mendoza, Jennifer C., Ángel A. y José S. cancelen una multa de 10 salarios básicos unificados, mientras que Edmundo T., Jean Carlos B., Franklin C. y José V. paguen 4 salarios básicos unificados.

Al inicio de la audiencia, los ocho procesados consintieron la aplicación de este procedimiento y admitieron el hecho que se les atribuye, según lo determina el artículo 635 del COIP.

En la audiencia participó la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, quien mencionó que los hechos ocurrieron en el periodo 2019-2020, en las provincias de Pichincha y Manabí.

Dijo que esta estructura organizada estuvo conformada por funcionarios públicos como, quienes prestaban sus servicios en la Asamblea Nacional y en el Secob; y por personas particulares.

Según Fiscalía, estos ciudadanos, de forma permanente, planificaban y dirigían actividades ilícitas, utilizando mecanismos como la contratación pública, la recaudación de dinero por parte de las agencias de tránsito y la utilización del sistema financiero nacional para dar la apariencia de legalidad al dinero obtenido de manera ilícita.

Esta estructura se encontraba debidamente organizada, a través de la distribución de roles determinados. Los líderes de la organización, desde la Asamblea Nacional, gestionaban cargos en varias instituciones públicas.

Además, designaban a miembros de la estructura en puestos directivos y en comisiones técnicas para la adjudicación de contratos a las empresas cuyos representantes formaban parte de la organización, entre ellos, el contrato de construcción del Hospital Básico de Pedernales de 30 camas, por un monto aproximado de 16’ millones de dólares, suscrito con el Consorcio Pedernales.

Entre los principales elementos de convicción de Fiscalía constan: los testimonios anticipados de los procesados, un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, en el que se analiza el proceso de adjudicación del contrato de construcción del Hospital de Pedernales al Consorcio Pedernales.