La Universidad de Alicante quiere ganar tiempo. Su rector, Manuel Palomar, no ha rectificado, pero sí ha reconocido el problema y se ha pronunciado a favor de encontrar una fórmula que evite la polémica por la eliminación (desindexación) en la web de la institución del nombre del secretario del juicio, Antonio Luis Baena, en el que se condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. Una medida que se tomó a petición de un familiar de Baena. «Pretendemos que los metadatos [datos incluidos en el código informático para facilitar su búsqueda en Internet] formen parte de la obra [intelectual]», ha afirmado Palomar, lo que haría que no estuviesen supeditados a la ley de protección de datos ni al derecho al olvido digital. De esta manera, ha dado a entender que se evitará que vuelvan a suceder casos como la supresión del citado nombre en dos artículos digitales escritos por el catedrático de Literatura de la institución, Juan Antonio Ríos Carratalá.

Sin embargo, no se volverá a indexar (registrar para facilitar que aparezca en búsquedas digitales) el nombre de Baena en el repositorio de la institución hasta que no se encuentre la fórmula y se haya resuelto el recurso de alzada del catedrático afectado contra la resolución de la UA. Ríos Carratalá ha confirmado esta mañana que presentará el recurso próximamente y ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones del rector.

La institución estimó la petición del derecho al olvido digital y de la supresión de datos de José F. Baena, hijo del militar que fue secretario judicial, y eliminó de su repositorio el nombre en sendos artículos, por lo que si se introducía el nombre de Baena en un buscador de Internet no aparecía en los trabajos de investigación de Ríos Carratalá.

Tras la celebración este miércoles de la junta de gobierno de la institución académica, el rector ha señalado que la polémica generada por la resolución de la UA, que adelantó EL PAÍS, estriba en el equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la protección de datos. «Una cosa es la investigación y los artículos», donde, según Palomar, no se va a tocar nada, pero el problema está en la indexación y catalogación de datos para el buscador interno de la universidad (RUA), ha añadido. Palomar ha incidido en que la UA ni ha censurado, ni ha borrado, ni ha limitado el acceso a los artículos, en contra de la opinión de numerosos historiadores e investigadores consultados por EL PAÍS, sino que el problema se ha circunscrito a los metadatos.

Juristas y tecnólogos resolverán en los próximos días la ponderación entre ese derecho a la información y el de la protección de datos para tomar una decisión definitiva sobre este asunto, ha explicado el rector. La UA considera que puede ser la primera universidad en arbitrar una fórmula para proteger los metadatos dentro de la obra intelectual y de investigación, a propuesta de la facultad de Filología, precisamente, a la que pertenece Ríos Carratalá.