Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), la mañana de este jueves, brindaron declaraciones a medios de comunicación, sobre la sentencia de primera instancia emitida por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres.

El juez Torres, el miércoles 6 enero, ordenó la destitución de cuatro de los cinco miembros que componen el CNE, incluida la presidenta del organismo, Diana Atamaint.

Al respecto, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, ratifica que la sentencia del juez Ángel Torres es de primera instancia y menciona las posibles afectaciones al proceso electoral en caso de que se haga efectiva. “Es evidente que es un golpe a la institucionalidad democrática del país”, enfatiza Pita.

Por su parte, el vocal del CNE, Luis Verdesoto, ha dicho: “Tenga el país la certeza de que no habrá ninguna forma de detener la expresión de la voluntad popular y nosotros cumpliremos en absoluto con nuestro deber”, menciona el consejero.

Mientras tanto, la Presidenta del organismo electoral, también ha aclarado que la sentencia del juez Ángel Torres es de primera instancia. “Nosotros seguiremos las acciones pertinentes”, indica y agrega: “Invitamos a las otras instituciones del Estado a estar vigilantes para defender la institucionalidad del país”.

La decisión del Juez del TCE se produce a un mes de que se celebren las elecciones presidenciales en Ecuador, programadas para el 7 de febrero. Los sancionados pueden apelar el fallo, que también contempla que los cuatro pierdan sus derechos políticos durante cuatro años.

Según el juez, los cuatro acusados han incurrido en una infracción electoral. La sentencia se da después de que el partido político Justicia Social denunciara a estos miembros del CNE por no cumplir una sentencia que les permitiría inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales de febrero.

Los cuatro vocales aprobaron en diciembre no acatar la extensión del plazo para que el partido inscribiera a sus candidatos para participar en los comicios, una extensión que había sido ordenada por el TCE, al considerarla una intromisión en las competencias exclusivas del organismo, por lo que pidieron revocar la sentencia. El CNE presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de conflicto de competencias.

Los consejeros también han sido multados con 70 remuneraciones básicas, unos 28.000 dólares cada uno (unos 22.700 euros).