Los historiadores de la Universidad de Alicante (UA) están montando un frente común para defender “la libertad de investigación y cátedra” e incluso el derecho a la información que aparece en la Constitución después de que el centro decidiera borrar en internet el nombre del secretario del juicio contra Miguel Hernández. Mañana miércoles hay una reunión de la Junta de Gobierno donde esperan que el rector, Manuel Palomar, “dé explicaciones cumplidas y bien justificadas” sobre lo que consideran “un disparate y una vergüenza”, según ha declarado a EL PAÍS el catedrático de Historia Moderna Cayetano Mas. Tras escuchar a Palomar, redactarán un comunicado todos los departamentos afectados si lo estiman conveniente.

Los especialistas en Historia del campus han reaccionado de manera inmediata y enérgica a la decisión de la UA de estimar la petición del hijo de un alférez del Ejército franquista, Antonio Luis Baena Tocón, para que se elimine su nombre de algunos textos publicados en internet y escritos por el profesor Juan Antonio Ríos Carratalá, también catedrático de la entidad académica, amparándose en la ley de protección de datos.

“No comprendemos que se haya tomado esta resolución de manera unilateral y sin comunicarlo al autor de los textos”, continúa Mas, quien considera que “se trata de una interpretación reservona de la ley” que “recuerda a tiempos muy desagradables”. Para Mas, esta supresión de datos “contrastados” y que “cualquiera puede comprobar en un archivo” es “la adaptación moderna y digital de la censura”. La eliminación de nombres en textos históricos “solo la he visto en procesos inquisitoriales y, quizá, en los documentos soviéticos de la época de Stalin”.

Mas señala que “si se abre esta puerta, la ley está mal hecha” y asegura que aceptar estas peticiones “no solo afecta al oficio mismo de historiador, sino también a la libertad de expresión”. Una compañera de otro departamento, la catedrática de Historia Contemporánea Rosa Ana Gutiérrez, va más allá. “Estamos entrando en un terreno peligroso”, afirma, “que afecta a artículos de la Constitución y a la libertad de investigación y cátedra”.

“En principio, considero que una persona que forma parte de un tribunal”, explica Gutiérrez, “figura en un documento de acceso público”. “Otra cosa es que sobre esa persona se viertan apreciaciones que no se pueden demostrar o comprobar”, añade. “En este caso, además, ya hay varios libros publicados que incluyen los nombres” de quienes participaron de una manera u otra en el proceso contra Miguel Hernández, como Baena Tocón.

El catedrático Cayetano Mas sostiene que “la pertinencia de que aparezca un nombre o no en una investigación debe quedar a criterio exclusivamente del historiador”. “Imagine que escribo una biografía sobre el Duque de Alba y viene Eugenia Martínez de Irujo a decirme que lo borre”. Por eso, señala que “habrá que estudiar la redacción de la ley y cómo puede ser que por la vía administrativa se pueda adoptar una decisión tan grave”.

Por su parte, la Universidad de Alicante ha convocado la reunión “de una comisión de análisis” para estudiar todo lo relacionado con este asunto, aunque están a la espera del regreso del rector “que está fuera de Alicante”. Una vez celebrado este encuentro, comunicarán la determinación correspondiente.